El operativo denominado "Palingenesia", ejecutado por el Ministerio Público en el marco del caso Lava Jato en Perú, tuvo como resultado la captura de Edwin Luyo, exmiembro del comité de adjunción el proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima, que cumple prisión preventiva de 18 meses por recibir sobornos de Odebrecht, y el allanamiento del domicilio del exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, hoy en Estados Unidos, a donde viajó el pasado 24 de diciembre.

La información que vinculaba a estos exfuncionarios con los pagos ilícitos durante la ejecución de las obras del tren eléctrico fue parte del compromiso de Odebrecht de entregar la documentación necesaria a la fiscalía peruana, que se concretó en un acuerdo preliminar suscrito por ambas partes a inicios de enero, y que incluye todos los papeles sobre pagos y transferencias bancarias que realizó la constructora para que el fiscal encargado del caso, Hamilton Castro Trigoso, pueda identificar a todos los funcionarios implicados en los sobornos, incluidos los llamados 'peces gordos'.

Una investigación de Convoca.pe reveló que, pocos días después de suscrito el preacuerdo, dos cartas enviadas a la fiscalía por Lourdes Carreño Carcelén, quien es la apoderada legal de Noberto Odebrecht S.A. sucursal Perú y también la que aprobaba los contratos con las diferentes entidades del Estado, informaban sobre los sobornos de más de US$8 millones a funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del último gobierno aprista para beneficiar a la constructora con la adjudicación de las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, en 2009. Estas cartas fueron citadas por el fiscal Castro y el juez Richard Concepción Carhuancho durante la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva de 18 meses a Luyo y la orden de captura internacional contra Cuba.

Según el citado medio de investigación, la delatora alcanzó información sobre las empresas offshore y cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) abiertas por Luyo y Cuba. Para sustentar esta información, Carreño adjuntó como prueba un comprobante de un depósito de US$505 mil transferidos por Odebrecht a la cuenta de Hispanar Internacional, a nombre del exviceministro. Adicionalmente, Carreño afirmó que los pagos fueron escalonados y que continuaron incluso después de haberse adjudicado el proyecto a Odebrecht, conforme al avance de las obras, tal como lo señala La República.

Por esas paradojas de la vida, antes de pasar a Odebrecht, la abogada Carreño fue funcionaria del segundo gobierno del expresidente Alan García. En 2009, la ahora asesora de la empresa brasileña integró la Comisión de Gracias Presidenciales. Fue nombrada por el entonces ministro aprista de Justicia Aurelio Pastor. En ese puesto trabajaría con Facundo Chinguel, quien fue el titular de esa comisión hasta antes que estalló el escándalo del indulto irregular al exbroadcaster José Enrique Crousillat y fuera destituido. Luego se destaparon los 'narcoindultos', por los que ahora está preso.

Tras el escándalo en mención, Pastor renunció y su sucesor, Víctor García Toma, le renovó la confianza a Carreño para que continúe en sus funciones. Luego de unos años, la Megacomisión presidida por el excongresista Sergio Tejada determinaría que durante la gestión de Aurelio Pastor, el expresidente García firmó indultos y reducción de penas a narcotraficantes que pagaron coimas a los funcionarios de la comisión Chinguel.

En el 2015, Carreño dirigió la carta CON/05-2015-LC a la Fiscalía Supraprovincial donde informaba sobre el medio millón de soles que Odebrecht pagó a Dirsse Valverde Varas, otro prófugo de la justicia y por entonces mano derecha del expresidente regional de Ancash César Álvarez, para la adjudicación de obras en la región, como el tramo 2 de la Interoceánica Sur y la carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San Luis.

(Foto portada: Andina)

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