Como ya se venía anunciando, los siete magistrados que conforman el Tribunal Constitucional se reunirán hoy para debatir su voto y emitir la sentencia en el hábeas corpus presentado por el ex presidente Alberto Fujimori para que se anule su condena de 25 años de prisión.
Aunque un sector de magistrados pretendería que la sentencia recién salga a fines de mayo, en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones, el presidente del TC, Manuel Miranda, habría pedido emitir un veredicto lo antes posible para evitar presiones.
Los magistrados discutirán el veredicto a partir de una propuesta que debe presentar el magistrado Carlos Ramos, ponente en este caso. Si hay acuerdo, votarán de inmediato; de lo contrario, el asunto se dilatará al menos una semana.
Por lo que ha trascendido, hay cuatro magistrados que ya tienen una opinión: dos a favor y dos en contra de Fujimori, y los otros tres la mantienen en reserva. La defensa del exdictador, encabezada por el abogado William Paco Castillo, se basa en dos argumentos. Estas argumentaciones ya han sido rebatidas no solo una, sino varias veces.
En primer lugar, por los correos enviados supuestamente por el vocal supremo César San Martín a jueces españoles, quienes le habrían indicado cómo tendría que ser la sentencia al expresidente. Esta evidencia, según la revista Caretas, fue "descartada por pericias policiales y fiscales que determinaron que los mails son falsos". El CNM, además, ya ha dicho que los correos atribuidos al juez César San Martín no muestran ninguna falta administrativa y tampoco algún delito.
La otra argumentación se refiere a que los fiscales que acusaron a Fujimori calificaron los delitos de los que se acusaba como de "lesa humanidad". Esto también es falso. El expresidente, ahora convicto, no fue imputado por delitos de "lesa humanidad", sino por homicidio calificado, secuestro y lesiones graves, por los secuestros al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dyer; así como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
“La lesa humanidad no es un tipo penal en el ordenamiento interno, es una categoría, una calificación, preexistente en el derecho internacional penal”, explicó Marcos Piña Burga, procurador adjunto del Poder Judicial, quien sostuvo que el pedido de Fujimori “no resiste un análisis constitucional”.
Estos argumentos ya han sido rechazados
Vale recordar aquí que esta petición, sustentada con estos mismos argumentos, ya no sólo una, sino varias veces por el Poder Judicial como por el mismo Tribunal Constitucional por las razones antes presentadas y por otras más. El caso, entonces, no debería tener complicaciones. Esperemos que el tinte político de este no haga que ocurra alguna irregularidad en el fallo. Estemos atentos.
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