"Mani pulite" son dos palabras italianas que en español significan "Manos limpias". Así fue denominado el proceso judicial iniciado en Italia por el fiscal Antonio Di Pietro, allá por 1992, que puso al descubierto una gran red de corrupción en la que grupos políticos y empresariales estaban coludidos.
Este proceso es mencionado someramente en el artículo "Mostrar los dientes. Reinventando 'le mani pulite en Argentina, Perú y Brasil", publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), y de autoría de los investigadores Bárbara Ester, Esteban De Gori y Camila Vollenweider, en el que se da cuenta de la influencia del poder político en los organismos electorales peruanos.
La publicación, indica que mientras que en Italia, dicho proceso sirvió para otorgarle a la justicia "un lugar importante en la regeneración de la clase política", en los países latinoamericanos "empresarios, periodistas (...) encontraron en la justicia en espacio para resolver la competencia política y erosionar a políticos". Además, "apura procesos con pruebas débiles, extralimita sus funciones, interviene asimétricamente en campañas electorales".
EL CASO PERUANO
El artículo publicado en el portal del CELAG advierte que en el Perú "el activo rol asumido por la Justicia ha alterado completamente el mapa político, a un mes de la contienda electoral".
Asimismo, afirma que el papel del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "ha generado incertidumbre desde enero, a partir de las investigaciones sobre las fórmulas presidenciales que solicitaban inscripción para las elecciones generales del 10 de abril".
También se la exclusión de Julio Guzmán, de Todos por el Perú, "quien desde febrero era el segundo candidato en intención de voto" por no haber cumplido con algunas cuestiones administrativas; y de César Acuña, de Alianza por el Progreso, por entrega de dádivas, prohibida por la nueva ley electoral.
En el artículo se indica también la investigación que dio cuenta que "al menos dos de los cinco miembros del JNE que votaron contra Guzmán, tenían vinculaciones al partido aprista, de Alan García".
En este párrafo dan cuenta de la defensa de Guzmán, que recogió las denuncias de que tanto García como Kuczynski cometieron los mismos errores por los que fue excluido; y que Keiko Fujimori incurrió en lo mismo que Acuña.
"Los abogados de Guzmán, en su defensa, intentaron demostrar que al menos las candidaturas de Alan García y de Kuczynski habían cometido, en mayor grado, el mismo tipo de faltas, aunque no fueron sancionados. También presentaron material audiovisual que mostraba a Keiko Fujimori, entregando dinero en un concurso de baile, el mismo delito que había separado a Acuña de su candidatura".
Con ello, explican cómo el JNE no midió con el mismo criterio casos similares, razón por la cual el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, ha manifestado sus cuestionamientos al proceso electoral peruano.
ARGENTINA Y BRASIL
Sobre el comportamiento del Poder Judicial en la Argentina, el artículo sostiene que desde que dejó el poder, Cristina Fernández de Kirchner ha visto reabiertos algunos casos en un poder judicial que busca acercarse al nuevo oficialismo. "Debería ponerse el ojo sobre aquellas causas más apuradas por 'condenar al kirchnerismo que por juzgar a culpables de posibles delitos", expresa.
En el caso de Brasil, manifiesta que el Poder Judicial de aquel país "se ha constituido en un actor institucional de gran relevancia política y mediática", y que "diversos sectores de este poder han desplegado toda su capacidad para desgastar el gobierno de Dilma Rousseff".
"Prácticas como las prisiones preventivas, la circulación de testimonios con secreto de sumario, escuchas telefónicas sin autorización, incluidas las realizadas a la Presidenta y a los abogados de Lula Da Silva, como la desestimación de testimonios que involucran a personajes políticos contrarios al PT. Lo interesante de esta investigación radica en que jueces de primera instancia se han entrometido en el proceso, aceptando las más disímiles denuncias que pretenden vincular a Lula en la operación Lava Jato".
Como puede verse, en ambos casos se notan las "movidas" de sectores políticos en los poderes judiciales, que más que buscar justicia, buscan socavar a algunos sectores contrarios. Pero eso no se conoce en la "gran prensa".
El artículo completo puede leerse aquí.
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