La Comisión de Economía del Congreso aprobó este miércoles por insistencia el proyecto de ley que permite a los usuarios del Sistema Privado de Pensiones (SPP) el retiro del 95.5 % de su fondo acumulado al momento de su jubilación (65 años).

Tras un extenso debate, la iniciativa fue apoyada en ese grupo de trabajo congresal por unanimidad, y quedó expedita para que vuelva al Pleno del Legislativo, donde la semana pasada los representantes del fujimorismo, el nacionalismo y el PPC impidieron que se debata, como estaba previsto.

El congresista Jaime Delgado adelantó que la respectiva comisión buscará que el Pleno del Congreso debata el proyecto el próximo jueves 31, y subrayó que el proyecto no es inconstitucional, ya que en la actualidad la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ya devuelve en algunos caso el 100% de los fondos.

A su turno, el congresista Víctor Andrés García Belaunde afirmó que el proyecto no afecta las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP). "Esto no significa que el sistema va a quebrar, las AFP ya cobraron sus comisiones por adelantado, por lo que solo se está devolviendo el dinero de los afiliados", manifestó.

No obstante, reconoció que las que se afectarían serían las compañías de seguros pues son las que manejan las rentas vitalicias, pero más adelante se planteará un cambio del sistema que que no se vena tan perjudicados. 

"Lo que tendrían que hacer las aseguradores es ofrecer productos para que no sea tan tentador al usuario retirar sus fondos", indicó García Belaunde.

En diciembre del 2015, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley, además de prorrogar por tres años el régimen especial de jubilación anticipada para los desempleados del sistema, pero en enero de este año el Ejecutivo lo observó, tal como lo había adelantado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El Gobierno alegó que la norma que permite el retiro de los fondos de las AFP es antitécnica, inconstitucional y que supondría incumplir tratados internacionales. 

Según la observación, firmada por el presidente Ollanta Humala y el jefe del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, la norma afectaría la intangibilidad constituciones de los fondos de la seguridad social en pensiones.

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