El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello aprovechó su programa de televisión 'Con el mazo dando', para iniciar una campaña de miedo con el objetivo de demonizar a la oposición que ahora cuenta con mayoría parlamentaria, hecho que le permitirá hacer reformas en varios ámbitos del Gobierno del país a partir de este 5 de enero.
Es así que con su irreverente estilo, puntualizó problemas que, según él, le afectarán directamente a la sociedad civil como los relacionados con salud, vivienda, educación y pensiones:
"Ahora viene el castigo para el pueblo cuando le quiten las pensiones, las casas, cuando no haya medicinas gratis ni salud gratis, cuando no haya educación gratis".
Asimismo ironizó acerca de la intención de la oposición de persuadir a la facción civil que votó por el chavismo para que acojan sus reformas:
"De la derecha, vamos a escuchar lo que ellos quieran. Ahora andan diciendo 'tenemos que convencer a los chavistas que todavía votaron por ese régimen, por el socialismo, para que se vengan con nosotros que nosotros sí los vamos a cuidar'".
Con respecto a las propuestas de campaña de la oposición, Cabello afirmó que la promesa del fin de las colas para el abastecimiento de productos básicos no se cumplió en el plazo que se estipuló en un principio:
"Aquí ganó una contrarrevolución que entre sus ofertas electorales, que ya comenzaron a incumplirlas, dijeron que la última cola iba a ser el 6 de diciembre. Ahora andan diciendo 'no', que sea Nicolás (Maduro) el que haga las cosas, él es el presidente".
Asimismo, en un tono amenazante, afirmó que los actuales diputados 'trabajarán' hasta el mismo 5 de enero:
"¿Cuándo se instala esa Asamblea Nacional? El 5 de enero. La actual Asamblea Nacional que tengo el grandísimo honor de dirigir trabajará hasta el día 5 de enero cuando se entregue, aquí está".
Sin embargo, y en contraste con sus declaraciones, representantes de la sociedad civil y especialistas afirmaron que el gobierno no cumple con las leyes laborales.
En ese sentido, Pedro Arturo Moreno, el directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, denunció:
"Hay un millón de empleados públicos contratados y otros en cooperativas y empresas de producción social en condiciones de tercerización, la cual es prohibida por la Ley del Trabajo".
Asimismo Fernando Barrientos, abogado laboral y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que el gobierno incumplía con las contrataciones colectivas vigentes y así como la firma de nuevos contratos que empeoran las condiciones de los trabajadores.
(Foto de cabecera: ultimasnoticias.com.ve)
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