El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el informe final de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria y advirtió acerca de una creciente presencia del delito de narcotráfico en la política peruana. 

Y es que el informe que fue respaldado por 63 congresistas dictamina que la presencia del narcotráfico aumenta en el Perú por falta de control por parte de los organismos del Estado. 

Asimismo afirma que hay un interés de las organizaciones de narcotráfico por influir en la política peruana por medio de la formación de organizaciones políticas, el financiamiento de campañas y el lavado de dinero, para así asegurarse la protección policial, fiscal, judicial y política.

Los comprometidos

Entre los casos estudiados se mencionó el de los apristas Miguel Facundo Chinguel, el exjefe de Serpost y de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales durante el segundo gobierno de Alan García, y el de Gerald Oropeza.

Además, también se hizo referencia a los casos de Gilmer Horna, el gobernador regional de Amazonas; y el de los hermanos Manuel y Fortunato Sánchez Paredes, puesto que el primero fue alcalde de Moyobamba.

Y es que el informe señala que todas las autoridades investigadas ingresaron a la política luego de acumular considerables fortunas, hecho que sugiere la existencia de un desbalance patrimonial. Asimismo se ha comprobado la existencia de gastos excesivos en las campañas electorales que tienen como objetivo comprar los votos de la ciudadanía. 

Es así que la Comisión investigadora presidida por Rosa Mavila, incluye tres recomendaciones: 'la silla vacía', la separación automática de los candidatos implicados en el narcotráfico y la que otorga poderes a la Unidad de Inteligencia Financiera con la finalidad de levantar el secreto bancario de los investigados. 

En los tres casos, las recomendaciones fueron aprobadas por la mayoría del Pleno a pesar de las objeciones de la bancada fujimorista. 

Es de esta manera que el informe concluye que dada la vulnerabilidad de los gobiernos locales y regionales, es de vital importancia adoptar medidas para evitar la infiltración del narcotráfico en los organismos públicos.

El poder del negocio de las drogas

Asimismo el informe señala que parte del interés del narcotráfico por ingresar en la política responde a la necesidad del libre tránsito de la droga, facilitar el lavado de dinero y la adquisición de poder político para garantizar la impunidad. 

Es así que Rosa Mávila planteó la formación de una comisión investigadora de la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas y Policiales, además de una política nacional de lucha antidrogas y que los archivos de los casos sean estudiados por el Consejo Nacional de la Magistratura. 

La negativa de los fujimoristas

Por su parte, la legisladora Karina Beteta rechazó parte del informe puesto que la vincula con actividades de narcotráfico, mientras que María López Córdova también pidió que se retire del informe la parte que la compromete en investigaciones por lavado de activos. 

Asimismo, Luz Salgado objetó la propuesta para el seguimiento patrimonial de los candidatos por parte de la Contraloría, pues argumentó que este organismo controla los gastos del Estado, pero no los ingresos privados. De igual manera, Marta Chávez estableció varias observaciones a las conclusiones del informe. 

(Vía andina.com.pe)

(Foto de cabecera: andina.com.pe)