Hoy Carlos Vecchio, el abogado y dirigente de Voluntad Popular, junto al líder opositor Juan Carlos Gutiérrez, se presentarán en la Corte de La Haya para solicitar la apertura de una investigación contra Nicolás Maduro, actual y polémico presidente de Venezuela.
La petición de ambos disidentes responde al artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) (al que está inscrito Venezuela) que indica que 'el Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte'.
Cabe señalar que el fiscal implicado en el caso es Fatou Bom Bensouda, del país africano de Gambia, quien deberá estudiar y analizar la veracidad de la información facilitada por los denunciantes además de los datos proporcionados por los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.
Otros denunciantes que se suman a la solicitud son Juan Carlos Vargas, Joanna Frivet y Francisco Quintana, delatores que están dispuestos a aportar información sobre los múltiples abusos de Nicolás Maduro dentro del régimen chavista.
Y los principales delitos que se le atribuyen son asesinato, encarcelación y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, persecución, entre otros actos inhumanos.
Es de esta manera que la labor del fiscal debe determinar si existe o no una base para abrir la investigación. De ser así, pedirá una autorización para empezar el proceso y es en ese momento que las víctimas podrán presentar sus observaciones ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Esta última instancia será la encargada de aceptar o desestimar el caso.
A casi dos años de atropellos
El 12 de febrero del 2014 estallaron un gran número de multitudinarias protestas en contra del régimen chavista de Maduro. Desde ese instante, el presidente ha sido señalado tanto por la oposición de su país como por la comunidad internacional, de ser el responsable de todo tipo de represiones a la disidencia. Es así que en Venezuela se registraron 42 muertos, 486 heridos y más de 1.800 detenidos.
Sin contar los encarcelamientos a dirigentes y los juicios irregulares que trajeron como consecuencia sus condenas.
Un caso a destacar es el de Leopoldo López, líder opositor que fue condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por asociación para delinquir, daños a la propiedad, instigación pública e incendio.
Y las presiones hacia los funcionarios judiciales por parte del Gobierno fueron tan fuertes, que Franklin Nieves, fiscal del caso, tuvo que salir del país para poder denunciarlas.Asimismo, otro caso emblemático es el encarcelamiento de Antonio Ledezma, exalcalde caraqueño que fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en sus oficinas y sin orden judicial.
Y es que Maduro había señalado a Ledezma como autor de un supuesto plan para derrocarlo. A la fecha se encuentra bajo arresto domiciliario pues alegó problemas de salud.
Asimismo la dirigente María Corina Machado también ha sufrido de la persecución de Maduro y hasta ha sido despojada de su banca en la Asamblea Nacional por 'traición a la Patria'. ¿La razón? pues el Gobierno venezolano argumenta que se presentó ante la Organización de Estados Americanos ocupando el lugar cedido por Panamá para poder denunciar al régimen chavista.
Y como si fuera poco, muchos medios de comunicación también han denunciado represión por parte del chavismo por haber hecho visibles las múltiples irregularidades cometidas por el presidente del país y por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
En conclusión, quien está en contra del Gobierno de Maduro debe temer por su libertad y seguridad física, una situación que no da lugar a una democracia bien erigida y vislumbra más bien un tipo de dictadura mal disfrazada de apertura.
(Foto de cabecera: infobae.com)
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