Mientras César Nakasaki fue abogado de Alberto Fujimori, el reo se mantuvo en silencio ante la prensa. Pero desde que la defensa legal del expresidente es ejercida por William Paco Castillo, el reo condenado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta ha insistido, en varias oportunidades, en brindar entrevistas en medios de comunicación.
Esta insistencia se ha dado a pesar de que hace tres años, exactamente el 10 de noviembre del 2012, el Consejo Nacional Penitenciario, máximo órgano de gobierno del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado en el que recordó dicha prohibición al exgobernante.
"Desde agosto del 2011 en que se inició la actual gestión, la Presidencia del INPE ha sido coherente en no autorizar entrevistas a aquellos internos procesados o sentenciados por delitos que involucren víctimas directas o indirectas (familiares)".
Dicho comunicado fue publicado en respuesta a la petición que Fujimori hiciera, por aquellos días a RPP, para ser entrevistado, y que el diálogo estuviera a cargo de Raúl Vargas:
Aquella carta de Fujimori, a fines del 2012.
El INPE recordó que el procedimiento para autorizar entrevistas estaba establecido en el Instructivo N° 001-2002-INPE: “Procedimiento de las entrevistas de los medios de comunicación con los internos recluidos en los Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional”, aprobado por Resolución Presidencial N° 562-2002-INPE del 24 de julio de 2002.
Finalmente, el INPE manifestó su veredicto final:
El INPE manifiesta que no autorizará la solicitud de entrevista al interno Alberto Fujimori.
LA REINCIDENCIA DE FUJIMORI
Sin embargo, desde ese momento hasta la actualidad, Fujimori ha insistido en aparecer en los medios de comunicación, utilizando el teléfono público del penal de Barbadillo, en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, para llamar a radios y canales de televisión.
Ante estas situaciones, el INPE siempre se ha manifestado "sorprendido" y ha llamado la atención al reo, recordándole que sería sancionado de no acatar esta prohibición. Lo máximo que ha hecho el INPE es retirar el teléfono público que Fujimori debía usar solo para comunicarse, en horarios específicos, con sus familiares.
Aunque luego le repusieron el teléfono, bajo advertencia de una sanción, Fujimori descartó la opción de las llamadas a los medios. Ahora, con la complicidad de su abogado Castillo, concedió una entrevista al diario chileno "El Mercurio", en la que hizo campaña por su hija Keiko Fujimori.
¿Cuál ha sido la reacción del INPE? Anunciar que va investigar en qué circunstancias se ha producido dicha entrevista, la cual fue difundida pocos días después de una operación de cataratas al ingeniero, de la que cualquier persona puede recuperarse en al menos una o dos semanas.
En cualquier momento, Fujimori brindará otra entrevista, pero el INPE volverá a decir que "va investigar". La sanción debería ir más allá del retiro de un teléfono: debe apuntar al envío del expresidente hacia otro penal.
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