Este Congreso siempre se supera a sí mismo. Aunque la verdad, no debería sorprendernos que, a seis meses de las elecciones, a ningún legislador le interese una verdadera reforma electoral, porque lo aprobado el viernes en la noche por el Pleno en realidad son solo cambios cosméticos.
Pese a las críticas, los parlamentarios insistieron en dejar de lado temas clave como el financiamiento público a los partidos y la supervisión de los comicios internos por parte de los organismos electorales.
Así, la representación nacional, con 66 votos a favor, 4 en contra y 20 abstenciones, aprobó el texto sustitutorio que modifica la Ley de Partidos Políticos.
El dictamen fue elaborado por la Comisión de Constitución, que la preside el oficialista Fredy Otárola.
¿Qué implica?
En suma, los principales cambios establecen: I) aumenta de 3% a 4% el porcentaje de firmas (del padrón electoral) necesarias para la inscripción de un partido político; II) prohíbe que los fundadores de una agrupación hayan sido procesados o condenados por terrorismo o tráfico de drogas; y III) fija sanciones a las organizaciones políticas que, dentro de un proceso electoral, den dinero, regalos o dádivas, pero ¿quién va a fiscalizar estas entregas y sancionarlas? Hecha ley, hecha la trampa, dicen.
La modificación que eleva la valla de "invitados" en las listas parlamentarias del 20% al 25% merece una mención aparte, porque en la práctica esto amplía la posibilidad de que personas con mucho dinero y poca vocación política ganen cargos de elección popular a cambio de financiar la campaña de un aspirante presidencial. En un frase: comprar un cupo en la lista al Congreso.
¿Qué se dejó afuera (convenientemente, claro)?
I) No se legisló sobre financiamiento de campañas electorales. O sea, seguirá corriendo el dinero proveniente del narcotráfico, la minería ilegal o el contrabando.
II) Tampoco se establecieron sanciones efectivas para los partidos que no rindan cuenta de sus gastos. Aquí los congresistas dicen que se legislará pronto, pero a estas alturas nadie les cree.
III) No se incluyó que organismos como el JNE, ONPE y Reniec acompañen los procesos de democracia interna para la designación de candidatos.
¿La observará Humala?
Percy Medina, jefe de Idea Internacional-Perú, y Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, consideran que lo aprobado en el Congreso no atiende los problemas de fondo que ayudarán a tener campañas electorales más transparentes: el financiamiento de partidos y la fiscalización de las elecciones internas. Por ello, creen que el presidente Ollanta Humala debería observar dicha ley en lugar de promulgarla.
Claro, siempre y cuando tenga la voluntad política de hacerlo y no esté tan ocupado como hasta ahora en defender a su esposa de las denuncias y acusaciones en su contra. Tiene 15 días para reflexionar al respecto. ¿Lo hará?
El otro camino es que el próximo martes la Comisión de Constitución, que tiene en su manos el proyecto, dé marcha atrás y reconsidere algunos puntos al respecto. ¿Lo hará?
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