Francisco Távara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó hoy que convocará a los líderes de los partidos políticos inscritos para un encuentro que tiene como objetivo comprometerlos con el impulso de la reforma electoral pendiente en el Congreso.
La cita -que tendrá lugar el 12 de octubre- fue acordada en la última reunión de la plataforma electoral que integran los organismos electorales, la Defensoría del Pueblo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Transparencia, Idea Internacional y el Consejo de la Prensa Peruana.
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La idea, según explicó Távara a RPP, es que los participantes asuman un compromiso que está relacionado con importantes cambios como el sistema de votación interna "un militante, un voto" (con supervisión del sistema electoral), así como la regulación del financiamiento privado que reciben los partidos. Este último punto, fue considerado por el presidente del JNE como el más delicado.
Sobre este último punto señaló:
"[...] el financiamiento debería aprobarse para que tenga vigencia en estas elecciones. El fundamento principal es la regulación, evitar el flujo de recursos del narcotráfico y lavado activos a la política, para eso debe haber transparencia en el ingreso, gasto y rendición de cuentas, y sanciones no solo económicas sino políticas".
Con respecto a la democracia interna señaló que "si ya se respeta la voluntad de los afiliados y militantes, carece de objeto el voto preferencial que ha sido nefasto en la política peruana y se fortalece la democracia".
EXTERRORISTAS Y ELECCIONES
En los último días, a raíz de que Peter Cárdenas, sentenciado por terrorismo, salió en libertad tras cumplir su pena de 25 años, se ha puesto en debate si se debe prohibir, a exterroristas, participar en la vida política del país. Sobre este tema, Távara recordó que con la legislación actual, no hay ningún impedimento para que alguien, que ha purgado condena por terrorismo, pueda ser candidato en las próximas elecciones. Agregó que el pasado 7 de agosto, se presentó una iniciativa legal que impide que ciudadanos con sentencia de delito doloso puedan postular a una cargo de elección popular.
[Información y foto de portada: Andina]
