Las declaraciones de Francisco Eguiguren, elegido recientemente miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el próximo fallo de la Corte IDH sobre las ejecuciones extrajudiciales producidas al finalizar la operación de rescate Chavín de Huántar (1997), despertaron la 'furia' de algunos políticos.

El abogado indicó -en una entrevista en el programa 'No hay derecho' de Ideeleradio- que, en su opinión, el organismo jurídico internacional fallaría contra el Estado peruano, es decir, determinaría que, efectivamente, hubo ejecuciones extrajudiciales y que estas no se investigaron de forma adecuada por el sistema judicial peruano.

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Estas declaraciones generaron que varias figuras políticas mostraran su indignación e incluso cayeran en el insulto. Una de las más 'indignadas' fue la legisladora Luisa María Cuculiza (Fuerza Popular) que llamó "cobarde" a Eguiguren. 

Su colega Martha Chávez no se quedó atrás y atacó -con todo su enojo- al sistema jurídico interamericano:

"Ellos piensan que los terroristas sí tienen derecho y las víctimas, no. Son de la misma posición ideológica van a lograr y mientras ellos sigan siempre se darán beneficios para el terrorismo".

El ministro de Justicia, Gustavo Adriánzen prefirió no entrar en un debate directo con Eguiguren y resaltó su deseo de  obtener un fallo favorable al Perú y así 'limpiar' a los comandos que participaron en el operación Chavín de Huántar. 

Sobre este punto hay que recordarle -una vez más- al titular de Justicia que la Corte IDH no tiene la capacidad para declarar culpable a ninguna persona. Tal como lo mencionamos al inicio de esta nota, el organismo internacional solo señalará si hubo o no ejecuciones extrajudiciales.

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Ahora bien, ¿por qué la Corte IDH fallaría contra el Estado peruano? LaMula.pe conversó con la abogada de APRODEH Gloria Cano sobre este tema. Ella reveló uno de los argumentos clave:

"[Eguiguren] ha señalado la realidad. Si el fuero interno [Poder Judicial] ha reconocido -a través de dos sentencias- que hubo una de esas ejecuciones, la Corte no puede decir otra cosa. La Sala Penal y la Corte Suprema señalaron que hubo una ejecución extrajudicial en el caso de Eduardo Cruz Sánchez ('Tito'). El actual ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, cuando era procurador, no impugnó el fallo que señalaba y aceptaba esa ejecución. [...] Mal hizo el Estado peruano en señalar ante la Corte IDH de que no hubo ejecuciones cuando la justicia interna ha indicado que sí hubo, por lo menos, una. [...] Habiendo una aceptación interna, la Corte no puede fallar contrariamente a lo que el propio Estado ha señalado".

Entonces, las observaciones de Eguiguren respondieron a un razonamiento jurídico que abarca el amplio proceso que ha seguido este caso. 

Un punto de similar tuvo Carlos Rivera, abogado de IDL, quien también remarcó a LaMula.pe que la estrategia del Estado peruano fue bastante mediocre al negar los hechos que el propio Poder Judicial ha reconocido. 

Rivera recordó que la única persona que planteó una esquema diferente fue el abogado César Azabache, quien fue despedido como procurador al proponer una estrategia que admitía que sí hubo una ejecución extrajudicial. En su reemplazo llegó el actual premier, Pedro Cateriano. Luego vendría el papelón, ocurrido en la última audiencia, que relata el abogado de IDL:

"El acto más lamentable de esta estrategia sucedió en noviembre del año pasado cuando se realiza la ultima sesión de audiciencia pública. Uno de los jueces le pregunta a Luis Huerta, procurador supranacional del Estado peruano: 'Sr. Huerta, usted está afirmando que no hubo una ejecución extrajudicial, pero yo tengo acá la sentencia de su poder judicial, de su corte suprema que dice que sí hubo. Entonces, ¿cuál es la posición de Estado peruano? ¿La suya o la de la Corte Suprema?' Y Huerta no supo qué decir".

Con estas explicaciones, ¿quiénes son los ignorantes y mediocres?

TIRAR BARRO PENSANDO EN EL FUTURO

Tanto Cano como Rivera señalaron que los ataques contra Eguiguren buscan desacreditar a la Corte IDH debido a los próximos casos relacionados con el Perú que se vienen. La representante de APRODEH detalló algunos de ellos:

"Hay casos laborales (todos los despedidos del fujimorismo durante esa época)... Hay otros casos que tienen que ver con los pueblos indígenas y su derecho a la consulta previa".

En esta tarea de difamación, los políticos más conservadores tienen a algunos medios de comunicación que, por ejemplo, insisten en la teoría de que la Corte juzgará a los comandos de Chavín de Huántar, a quienes todos los peruanos les debemos respeto y gratitud.  No obstante, eso no significa que se tenga que avalar prácticas al margen de la ley. 

[Foto de portada: La República]