La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dio a conocer este lunes nueve cambios en la recomposición de su gabinete ministerial, de los que cinco son nuevos nombres y cuatro ya estaban en el equipo y fueron nombrados en otros despachos.
El cambio más importante se produjo en el Ministerio del Interior, donde el hasta ahora titular de Defensa, Jorge Burgos, reemplazó Rodrigo Peñailillo, involucrado en un caso de corrupción.
Bachelet también sustituyó al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, cuyo puesto será ocupado por Rodrigo Valdés, hasta ahora presidente del Banco del Estado.
El cambio de un ministro de Hacienda es un hecho inédito desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990.
El nuevo vocero de Gobierno es Marcelo Díaz, exembajador de Chile en Argentina, quien reemplaza a Álvaro Elizalde.
En el Ministerio de Defensa asumió José Antonio Gómez, quien se desempeñaba como titular de Justicia.
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Ximena Rincón dejó el Ministerio de Secretaría General de Gobierno (Segegob) para ir a la cartera de Trabajo y Previsión social, donde dejó su puesto Javiera Blanco. Esta última fue cambiada al Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Cultura fue ocupado por Ernesto Ottone en reemplazo de Claudia Barattini, quien luego agradeció a Bachelet por el voto de confianza.
En tanto, Marcos Barraza fue designado titular del Ministerio de Desarrollo Social, tomando el lugar dejado por Fernanda Villegas.
Uno de los ministros ratificados fue Heraldo Muñoz, canciller de Chile.
El pasado miércoles, Michelle Bachelet anunció que pidió la renuncia de sus 23 ministros y que se tomaría 72 horas para decidir los cambios.
Esta renovación de gabinete ministerial fue decidida en medio de una crisis política desatada por casos de corrupción.
¿CÓMO SE INICIÓ LA CRISIS?
Por un lado, parlamentarios y dirigentes de diversos partidos se han visto involucrados en un caso de facturas de honorarios por servicios no prestados entregadas a empresas que financiaban campañas electorales de forma presuntamente ilegal.
El caso comenzó como una investigación por fraude tributario que ha involucrado a dueños y ejecutivos de Penta, un banco de inversión que maneja activos por más de US$20,000 millones, y de SQM, una poderosa minera cuyo principal controlador es un exyerno de Augusto Pinochet.
Los casos terminaron por salpicar también a miembros del Gobierno, entre ellos el entonces ministro del Interior Rodrigo Peñailillo.
Otro caso, que golpeó directamente a Bachelet, es el relacionado con la empresa Caval, una de cuyas socias es la esposa de su hijo Sebastián Dávalos.
Caval obtuvo a fines del 2013 un préstamo por unos US$10 millones, otorgado personalmente por uno de los dueños del Banco de Chile, para comprar unos terrenos en la región de O'Higgins, que vendió poco tiempo después con una ganancia de unos US$4 millones.
Los terrenos en cuestión estaban incluidos en un proceso de cambio de uso de suelos para ser urbanizados y la Justicia investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
Dávalos renunció a su cargo de director sociocultural de la Presidencia y ha sido interrogado como imputado por la Fiscalía, lo mismo que su esposa, Natalia Compagnon.
Bachelet, cuya popularidad ha caído a menos del 30% a raíz del escándalo, nombró una comisión especial que propuso una serie de medidas para mejorar la transparencia de la política.
En ese contexto, dirigentes y analistas políticos coincidían en que para concretar los cambios, lo mismo que el proyecto de una nueva Constitución que se comenzará a debatir en septiembre próximo, Bachelet necesitaba renovar su equipo de colaboradores.
Con información de EFE y la Tercera.
Foto de cabecera: EFE.
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