Mientras en el Perú desde el Ejecutivo se celebraba el reestablecimiento de las relaciones diplomáticos con Chile tras el caso de espionaje, en el país del sur la agenda nacional tiene otro punto de interés: el anuncio de Michelle Bachelet de la elaboración de una nueva Constitución.
En un mensaje transmitido en simultáneo en radio y televisión, la presidenta chilena informó que en septiembre se pondrá en marcha un proceso abierto a la ciudadanía con el fin de aprobar una nueva carta magna que sustituya a la hoy vigente que aún contiene reminiscencias legales de la dictadura.
"Quiero anunciar que en septiembre daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía, que deberá desembocar en la nueva Carta fundamental, plenamente democrática y ciudadana que todos nos merecemos (...) la tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva Constitución", enfatizando en que esto se hará "a través de diálogos, debates, consultas y cabildos".
Bachelet anunció que la elaboración de la nueva Constitución se llevará a cabo como parte de un duro plan de medidas anticorrupción para la política y los negocios. Una reforma legal que pretende poner fin a "las irregularidades, y las faltas a la ética" que se han puesto de manifiesto en los recientes escándalos que han sacudido el panorama político del país.
"Mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero"
Dijo además que será ella misma quien conduzca el proceso "con toda la energía y sin temor de ningún tipo (...) Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados. Las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo".
Una de las medidas más severas anunciada por la presidenta chilena supone que "todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no podrán representar (a los ciudadanos) en los cargos de elección popular y perderán sus escaños".
En alusión al llamado caso Caval, referido a un multimillonario negocio inmobiliario en el que están involucrados su hijo, Sebastián Dávalos, exdirector sociocultural de la Presidencia, y su nuera, Natalia Compagnon, la mandataria recalcó que "los negocios limpios no se hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado".
"Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores", comentó en referencia implícita a la proyectada recalificación de unos terrenos en el municipio santiaguino de Conchalí, base del caso Caval.
Asimismo, en referencia a los casos Cascadas, Penta o Soquimich, Bachelet anunció un registro público de lobistas y medidas para "regular y fiscalizar de manera estricta la relación entre la política y los negocios".
"Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas" y "tipificaremos y sancionaremos el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios".
Con información de Efe y La Tercera
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