Incluso si no se deroga, la Ley 30288, ya irreversiblemente conocida como la "Ley Pulpín", es un fracaso político del gobierno de Ollanta Humala, y el único responsable de este fracaso es el gobierno mismo.

Esta ley altera el régimen laboral de los trabajadores peruanos entre 18 y 24 años (con aquellas excepciones que sus empleadores tengan a bien) y los convierte en una categoría diferenciada, con menos beneficios que los demás. El presidente, sus ministros y sus asesores parecen haber creído que este cambio pasaría desapercibido, o que podría camuflarse en las fechas navideñas, y en eso se han equivocado de principio a fin. 

La ley fue aprobada por el Congreso con tan poco sustento, tan poco debate y tan poco apoyo real (el que surge de auténticas conversaciones y negociaciones parlamentarias, no de los cabildeos de pacotilla a los que estamos acostumbrados los peruanos) que a las primeras señales de resistencia ciudadana, muchos de los propios congresistas que la aprobaron abandonaron prestos el barco, reconociendo que ni siquiera habían leído lo que firmaron y que, al pensarlo bien, se daban cuenta de que no es una medida deseable o efectiva. 

Por si esto no fuera suficiente indicación de la debilidad política de la propuesta, el ejecutivo permitió que los términos de la discusión sobre la Ley 30288 fueran definidos, desde el principio, por sus opositores. Antes de promulgarla, ni el Presidente, ni el Minsitro de Economía, ni el Ministro de Trabajo, ni el Ministro de la Producción le dijeron a la ciudadanía de qué se trataba el asunto. Las explicaciones, cuando llegaron -con la ley ya convertida en un hecho, no un tema abierto al debate-, dieron la sensación de ser discursos ad-hoc, improvisados para responder a la creciente crisis, más que argumentos bien razonados sobre los posibles beneficios del nuevo régimen laboral juvenil o sus fundamentos legales y constitucionales. 

Y en política, cuando uno improvisa explicaciones, es porque no sabe lo que está diciendo o porque tiene algo que ocultar. Con el momentum de la protesta ya en marcha, las organizaciones activistas, la oposición y en especial los jóvenes parecen haber optado por creer lo segundo. Y eso no hizo otra cosa que atizar su determinación.

Humala, por ejemplo, insistió desde los primeros días de la resistencia en afirmar que la Ley 30288 "no está dirigida a los jóvenes con estudios", algo que a los comentaristas en redes sociales les tomó un par de minutos desmentir, usando el propio texto de la norma: 

Justa o injusta, la impresión que permanece es que el presidente, como los congresistas antes que él, no conoce la ley que promulgó. Que Humala no haya salido de esa torpe defensa de su propuesta indica claramente cuán escaso es su margen de maniobra. De hecho, no solo no salió de ella, sino que la empeoró, por ejemplo con meditaciones sobre la necesidad de que los jóvenes paguen "derecho de piso" en el mercado laboral, como se decía en un pasado no tan lejano de los peones de hacienda.

Pero eso no es todo. En los días siguientes a la primera, multitudinaria protesta, tanto el MEF como el MINTRA trataron de atajar las versiones negativas sobre la nueva ley con sus propias apologías de las medidas ya oficializadas. Pero estas tampoco fueron bien recibidas, en parte porque ya era demasiado tarde pero en parte también, y quizá esto último es más significativo, porque sus explicaciones, más que explicar, confunden.

Insistiendo como Humala en que esta ley es "para jóvenes sin estudios", negándose a reconocer la obviedad de que beneficia a las empresas y abarata los costos de la mano de obra (aún si esa no fuera la intención o el objetivo central, sí es meridianamente uno de los efectos; nadie en el gobierno lo ha reconocido), repitiendo hasta el hartazgo la idea de que esta ley es "opcional" (algo que los jóvenes trabajadores saben bien no es cierto para ellos), estas explicaciones redoblaron la impresión ya para entonces difundida: están tratando de hacer pasar gato por liebre.

Y el manejo que el ejecutivo ha hecho de las protestas propiamente dichas tampoco ha contribuido a despejar el ambiente. Y no hablamos solo de la exagerada represión de la primera marcha, sino también del extraño desorden del mensaje dado a los manifestantes. El punto más crítico de este desorden, casi una farsa, fueron los preparativos para la segunda protesta, cuando el ministro del Interior, Daniel Urresti, quiso imponer una serie de "requisitos" para los manifestantes, incluyendo el requisito claramente inconstitucional de que presenten su DNI para ingresar a los puntos de concentración. La plana de Urresti fue enmendada prontamente por la Primera Ministra Ana Jara, vía Twitter.

Todo esto, además, cuando la política económica y laboral de este gobierno acumula ya una larga serie de pasivos ante la opinión pública, incluyendo, entre muchos otros, la seguidilla de inefectivos paquetazos, el cortocircuito provocado a principios de año en el gabinete por la sola mención de un posible aumento al salario mínimo,  y el embrollo con la obligatoriedad de pagos a AFPs por parte de trabajadores independientes, finalmente derogada en septiembre. Sabiendo todo esto, es por decir lo menos sorprendente que el ejecutivo no estuviera mejor preparado para la (inevitable) reacción negativa a una norma necesariamente impopular. Más bien, ante ella sólo ha atinado a sembrar todavía mayor confusión, cuando no a ocultar las realidades obvias del nuevo marco legal. 

Y en su intento de explicar los supuestos beneficios de la ley 30288, el gobierno sólo ha conseguido generar más dudas y preguntas. ¿Por qué es necesaria esta ley, cuando ya existen regímenes especiales para pymes y microempresas con muchos de los mismos elementos (y no funcionan para formalizar o generar empleo)? ¿Qué incentivos habrá para "formalizar" a los cientos de miles de trabajadores jóvenes que actualmente reciben compensación mediante recibos por honorarios? ¿Qué mecanismos efectivos de fiscalización existen o se crearán para evitar que las empresas simplemente reemplacen a trabajadores con "sobrecosto" (la mayoría empleados mediante contratos temporales; es decir, no hará falta despedirlos) por trabajadores en el nuevo régimen, y repitan el ciclo cada tres años? Ninguna de estas interrogantes ha sido respondida, y todas deberían serlo.

Ver en todo esto únicamente un problema de comunicación es un error, aunque ciertamente ha habido mucho de eso. Se trata de un problema político en un sentido más profundo (la política no es solo un asunto de mercadotecnia, aunque a veces lo parezca). Lo que estos últimos días han revelado (o confirmado) es la enorme desconexión del ejecutivo con la ciudadanía, su incapacidad de entender el contexto político en el que opera y su profundo, inexcusable desprecio por la inteligencia y la capacidad crítica de los jóvenes cuyo estatus legal como trabajadores intenta cambiar.

De más está decir que los problemas que el gobierno dice querer enfrentar con esta norma -la informalidad en el mercado laboral y el desempleo entre los jóvenes- son reales y merecen atención. Pero esa atención no puede ni debe darse de espaldas a los afectados, sin un debate amplio que incluya a las organizaciones ciudadanas tanto como a las empresariales, y sin poner realmente las cartas sobre la mesa. El resultado de hacer las cosas de ese modo es lo que hemos visto en estos días en las calles de muchas ciudades del Perú. La protesta y la oposición ciudadana han ganado enorme legitimidad, y, en medida inversamente proporcional, el ejecutivo la ha perdido. Al final, en términos políticos, los pulpines han resultado ser ellos. 

Lee también en LaMula.pe

¿”Derecho de piso” o derechos al piso?

5 mentiras que el gobierno te está contando sobre la #LeyPulpín

Jóvenes buscan trabajo (con derechos plenos)