A través de una nota de prensa, el Ministerio del Interior informó ayer que son diez personas las que están privadas de su libertad por agredir a efectivos policiales. Señala que esto es parte de una campaña emprendida por el ministro Daniel Urresti con el objetivo de recuperar el principio de autoridad

"Por primera vez, diez malos ciudadanos que se atrevieron a agredir a policías, y en muchos casos incluso hasta dejarlos gravemente heridos, ya se encuentran privados de su libertad, gracias a la política de recuperación del principio de autoridad, implementada por el ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, desde el inicio de su gestión", se lee.

Alexander Ingaruca Sánchez ha sido sentenciado a ocho años de pena privativa de la libertad por los delitos de violencia y resistencia a la autoridad y lesiones graves por haber atropellado y arrastrado por varios metros a la Suboficial Thalía Laupa de la Cruz, un hecho absolutamente repudiable. 

Otros nueve agresores se encuentran detenidos y aguardando su sentencia, señaló el director de Defensa Legal al Policía, General PNP Máximo Ramírez de la Cruz. "Con los años se había perdido el principio de autoridad, pero ahora lo estamos recuperando (...) Antes los policías temían muchas veces intervenir en determinadas situaciones; ahora ya tienen una verdadera defensa”, agregó.

¿A la Policía se le debe respetar? Claro que sí. Y los ciudadanos que agredan a los policías deben ser sancionados. Pero no es lo mismo que un conductor en falta agreda a una mujer policía que intenta sancionarlo, a que un manifestante se defienda ante la represión. La legitimidad de la actuación policial está entre paréntesis mientras continue vigente la ley 30151, una norma que según diversos analistas y opinión de la defensoría del pueblo, vulnera derechos y supone una "licencia para matar".

Principio de autoridad y cumplimiento del deber

El principio de autoridad es indesligable al de cumplimiento del deber. Y hoy en el Perú es este concepto está en cuestión. No son pocos los casos en los que la definición del "deber" (la misión policial) está condicionado por intereses ajenos al bien público y la seguridad ciudadana, por no hablar de aquellos que directamente responden a intereses de terceros. Veamos algunos casos de este equívoco "cumplimiento del deber".

Hasta muy recientemente la preocupación por el uso desmedido de la fuerza se restringía a la actuación de la policía en escenarios de protesta social. Fue la muerte del cajamarquino Fidel Flores la que destapó una realidad de abuso más allá de las marchas políticas o estudiantiles en las calles.

Flores Vásquez falleció producto de un impacto de un cartucho con más de 60 perdigones mientras se defendía arrojando ladrillos desde el techo de su vivienda, durante un violento desalojo en el que actuaron policías y un grupo de delincuentes asociados a éstos. En este caso, ¿se trataba de legítimo cumplimiento del deber? 

Si bien la policía debe brindar las garantías para que se ejecute un desalojo, de ninguna manera significa que deban convertirse en los ejecutores del desalojo e imponer con violencia el cumplimiento de la sentencia, menos aún en alianza con una cuadrilla de matones. Si Fidel Flores no hubiera sido muerto por el cartucho, quizá estaría siendo procesado por "resistencia a la autoridad", y sus atacantes, libres, amparados en la 30151.

Los policías que hacen uso excesivo de la fuerza durante protestas sociales constituyen otro caso equívoco de "cumplimiento del deber". Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en lo que va del gobierno de Ollanta Humala, son más de 40 peruanos muertos en protestas sociales. La ley 30151 ya ha sido aplicada para liberar a policías de sus responsabilidades en el caso de las tres muertes durante la protesta contra la creación de la Universidad de Tayacaja en 2011.

La situación se ha normalizado a tal punto, que el propio presidente Humala utiliza la pérdida de vidas como una medida de los límites de la violencia policial. "Que yo sepa, no ha habido ningún muerto", dijo ante los cuestionamientos de la prensa sobre la excesiva represión policial de la manifestación en Lima contra la ley Ley 30288, que establece el nuevo régimen laboral juvenil, el pasado 18 de diciembre.

Imágenes han demostrado como algunos policías hicieron uso excesivo de la fuerza durante esta protesta. La policía empleó bombas lacrimógenas contra los manifestantes que se desplazaron hacia el Congreso de la República (Avenida Abancay) y hacia el local del partido de gobierno (Avenida Arequipa), golpeó con varas, arremetió con caballos, detuvo irregularmente, y hasta atropelló a un manifestante. Hoy el ministro del Interior, Daniel Urresti, ha amenazado con todo el peso de la ley" a quienes logren "infiltrarse y comienza la violencia (...) con ellos sí no tendremos ninguna contemplación en hacer todo el papeleo necesario para lograr que el Ministerio Público y el Poder Judicial los metan presos”. Esto suena al anuncio de una campaña de represión, que poco o nada ayudará a la legitimidad de la policía, y a la recuperación del principio de autoridad. Mientras tanto los delincuentes organizados, y las mafias, bien gracias, porque ahora le toca a los "revoltosos".


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