La felicidad y plenitud de todos los seres humanos, siempre y cuando no impliquen un daño o un maltrato a otros grupos, no debería supeditarse a la defensa de un argumento, de una ideología, de una visión del mundo. 

La intolerancia en cualquiera de sus formas es un atentado contra la libertad de los individuos. Y si es alentada —o no enfrentada, sino, por el contrario, afianzada— desde el Estado, su única consecuencia será la disolución, tarde o temprano, de cualquier aspiración de convivencia pacífica entre sus ciudadanos. 

En el Perú de la segunda década del siglo XXI, se está ad portas, no de aprobar, sino de reiniciar el debate sobre la implementación de la Unión Civil entre parejas homosexuales. Este proyecto de ley ha tenido que soportar la oposición de distintos sectores conservadores, los cuales han encontrado en la difusión de ideas equivocadas en torno a la propuesta del parlamentario Carlos Bruce, un modo idóneo para pretender desbaratarla y evitar, así, su correspondiente y —hay que decirlo— justa aplicación.

La lucha por un derecho, más aún cuando este se le cree propio solamente de una determinada ‘minoría’, debe enfrentar una serie de obstáculos, en los que la ignorancia, el odio y los prejuicios conviven desafortunadamente alimentándose entre sí.

Prueba de ello, en lo que respecta a la Unión Civil, ha sido en las últimas semanas las manifestaciones en su contra que grupos de creyentes evangélicos llevaron a cabo frente a la sede del Congreso (pese a que, tal como lo establece la ley, esta es una zona rígida para eventos de este estilo, y que sí se hizo cumplir cuando los activistas a favor de la Unión Civil quisieron hacer lo mismo).

En el siguiente video podemos ver, pese a que dura menos de dos minutos, un enorme —e incomprensible— desprecio hacia las personas homosexuales:

Ahora, no deja de llamar la atención que en 2015, es decir, el próximo año, muchas agrupaciones evangélicas celebrarán los cien años del establecimiento formal de la libertad de culto en nuestro país. Algo que les permitió arraigarse, ya sin restricciones ni riesgos, por diferentes provincias del Perú.

Según la información existente, el 11 de noviembre de 1915, el Congreso de la República aceptó modificar el artículo 4 de la Constitución que reconocía a la Iglesia Católica como único credo del Estado y que no permitía el ejercicio público de cualquier otra fe.

La eliminación de este último pasaje —la prohibición de la práctica abierta de otros credos— fue una victoria para diversos grupos de creyentes en el país que no seguían los lineamiento de la Iglesia de Roma. 

El asesinato, en 1913, del líder de una misión adventista en Puno, luego de que el obispo de la ciudad, Valentín Ampuero, exhortara a sus feligreses a atacar sus instalaciones en la provincia de Plateros, desencadenó una reacción mediática que llegó hasta el poder legislativo.

Hasta antes de ese histórico día, la celebración de un culto religioso no católico en el Perú se castigaba, de acuerdo al Código Penal de 1863, con un año de cárcel. 

Para comprender cuál era la situación, bastaría enumerar algunos hitos de la lucha por la libertad de culto:

En 1868, por ejemplo, recién se autorizó la creación de cementerios laicos en los que nadie debía profesar necesariamente una religión para permitir su entierro.  

Para 1891, la Iglesia Metodista del Callao, a través de su líder, el reverendo Thomas Wood, extendió el pedido al Congreso para aplicar la libertad de culto en el país. 

Y en 1896, el gobierno y el Congreso aceptaron la existencia de los grupos evangélicos, por lo que convinieron en la necesidad de reconocer sus derechos.

Entonces, podemos observar que el principal paralelismo reconocible entre la lucha de los evangélicos y la lucha de los homosexuales es el deseo por obtener el respeto a sus libertades, a aquellas que son primordiales para su condición de individuos. En unos, la fe; en otros, la sexualidad. 

Otro aspecto que merece ser resaltado de toda esta historia es el rival común al que deben enfrentar tanto evangélicos como homosexuales: el aparato administrativo de la Iglesia Católica en el Perú, el cual, cada vez que se ha sentido 'amenazado' ha utilizado un discurso para nada conciliador con tal de poder mantener el orden que más les favorecía.

Si bien son libertades correspondientes a planos distintos —uno con lo espiritual, el otro con lo corpóreo—, en ambos casos, lo que reúne a ambos grupos es el hecho de que por querer ejercer su vida de una forma distinta a la de las mayorías, se vieron —se ven— obligados a ocultarse, a ser perseguidos y, como en el caso del líder metodista en Puno, asesinados.

¿Acaso esperamos un escenario similar como para llegar a un acuerdo?

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