El economista Pedro Francke brinda un panorama de lo que sucede en la región Loreto, donde varios pueblos indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón se están movilizando exigiendo al Estado y a la empresa Pluspetrol que atiendan sus pedidos para hacerle frente a la contaminación por actividad petrolera que afecta sus territorios.

Les compartimos la columna de opinión que Francke publica hoy en el diario La Primera.

Indígenas reclamando derechos en el Lote 192

Varios pueblos indígenas vienen reclamando de manera activa sus derechos en las zonas afectadas por la contaminación ambiental del lote petrolero 192.

Los pueblos Kichwa, Quechua, Achuar, Kandoshi, KukamaKukamiria y Urarina se ubican en las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en la región Loreto. Hace varias semanas vienen exigiendo que se les garantice agua limpia y alimentos, dada la situación de emergencia ambiental y sanitaria declarada hace meses por el propio gobierno. Es que el daño ambiental acumulado en la zona es terrible, afectando sus fuentes de vida.

Una reciente visita del Premier Cornejo (sí, aunque ha desaparecido todavía es el Primer Ministro) a la zona no ha calmado las aguas. No es de extrañar dado que luego de dos años de diálogo de los pueblos indígenas con este gobierno, todavía ni siquiera se realizan los estudios epidemiológicos y toxicológicos a fin de determinar el grado de daños a las familias que viven en la zona.

Esto sucede luego de 43 años de operación petrolera en ese lote, actualmente a cargo de la empresa Pluspetrol. El gobierno ha declarado emergencia ambiental, pero no ha hecho nada efectivo.

Peor aún, el Viceministerio de Interculturalidad, ente rector de la consulta previa en el país, ahora sostiene a través de recientes declaraciones de la Viceministra Patricia Balbuena que el próximo cambio de operador del Lote 192 no merece consulta previa a las comunidades afectadas por tratarse de una “continuidad” de operaciones. Esta iba a ser una de las primeras consultas con la nueva ley, la que es obligatoria en virtud del Convenio 169 de la OIT. Evitar la consulta tiene el propósito de burlar las legítimas demandas indígenas por titulación de tierras, remediación ambiental, pago de indemnizaciones y compensaciones por uso de tierras de las organizaciones indígenas. Luego de 43 años abusando de sus territorios y contaminando sus aguas, es lo menos que puede hacerse.

Seguramente el ministro Castilla considerará estas medidas como parte del “destrabar inversiones”, aunque lo cierto es que Pluspetrol ha incumplido con las inversiones sociales y ambientales mínimas. Ahora, con las medidas del gobierno, podrá seguir incumpliendo y simplemente pagar multas rebajaditas que no le hacen ni cosquillas.

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