En el fondo, no estoy de acuerdo con que las parejas homosexuales obtengan el derecho a formar uniones civiles en el Perú.

Es que tengo al respecto un profundo prejuicio, del que no puedo zafarme: creo que ante el Estado las personas que forman esas parejas son iguales a cualquier otra, y por eso lo que debería garantizarse es su derecho a formar un matrimonio legalmente idéntico al de los demás.

Pero entiendo que, dado el contexto, este prejuicio mío con respecto a la igualdad debe ponerse de lado, y que un avance en esa dirección es mejor que ninguno: aunque la unión civil consagre en la ley una diferencia injustificada entre las personas homosexuales y las que no lo son, hay que apoyar el proyecto e impulsar su aprobación, pues nos hace un poco menos desiguales, y en esa medida nos acerca a la justicia. Y también, por supuesto, porque permitirá otorgar a muchas parejas beneficios, derechos y libertades que los ciudadanos heterosexuales damos por sentados, lo cual es un enorme avance práctico.

Creo también que no debería haber en este tema el más mínimo debate, pues la igualdad de los individuos ante la ley tendría que ser cosa obvia para todos, sin cortapisas y sin atenuantes. Pero parece que no lo es, de modo que debate es lo que estamos teniendo. Y es uno que no hará otra cosa que arreciar en los días que vienen, conforme el proyecto de ley de unión civil presentado por el congresista Carlos Bruce se acerque a su aprobación en el pleno del Congreso.

En fin. La cosa es que muchos peruanos, algunos de ellos con tremenda tribuna en los medios de comunicación y abundante feligresía a la escucha de sus palabras, no comparten mi prejuicio a favor de la igualdad y lanzan cada vez que pueden argumentos en contra del más mínimo reconocimiento de derechos a las personas homosexuales, lesbianas, transgénero o intersexo. Y en una sociedad democrática, uno tiene la obligación de escucharlos.

Recomiendo entonces que se les escuche. Y que después de escuchárseles, se reflexione al respecto. Garantizo que bastarán un par de minutos de meditación honesta para darse cuenta de que todos ellos están equivocados. Todos ellos, sin excepción.

Porque la verdad es esta: no hay un solo argumento razonable para oponerse al reconocimiento, en pie de igualdad, de las parejas homosexuales. Hay muchos argumentos espúreos e incoherentes, pero ninguno razonable.

Veamos algunos de los que se escuchan con mayor frecuencia.

“La Unión Civil daña a los matrimonios tradicionales”. Falso. Esto es algo que se escucha con frecuencia; no así una explicación más o menos detallada de cuál sería ese daño. Y esto es porque el daño es en realidad imaginario: no hay tal. En una sociedad en la cual las parejas homosexuales pueden contraer uniones civiles o matrimonios, las parejas heterosexuales no pierden absolutamente ninguno de sus derechos, beneficios y libertades, como no los pierden las personas de cualquier orientación que no deseen formar una pareja. Con respecto a la vida concreta de las parejas y matrimonios heterosexuales, no hay daño; con respecto a la sociedad en general, hay ganancia neta, con un número mayor de personas alcanzando estatuto de igualdad ante la ley civil.

“La finalidad del matrimonio es la reproducción; la unión civil no debe ser reconocida porque consagra una unión no reproductiva”. Falso. Una de las finalidades del matrimonio, ante la ley civil, es la formalización de las relaciones sexuales y la adjudicación de responsabilidades y derechos mutuos con respecto a los hijos, si los hay; pero el que haya o no hijos no determina en absoluto el status legal de un matrimonio. Es por eso que personas fisiológicamente incapacitadas de reproducirse pueden casarse sin problemas, y que personas que deciden no reproducirse no ven el estatus de su matrimonio reducido de ninguna manera. Es más bien en el derecho canónico (religioso) donde la procreación en sí misma es entendida como un fin del vínculo matrimonial. Pero incluso el derecho canónico reconoce otros fines para la institución, como la asistencia mutua y la compañía, que no se le niegan a personas casadas sin hijos. O sea, incluso desde el punto de vista religioso (que no debería tener nada que hacer aquí, pero vamos), el argumento es inconsistente, pues ni siquiera ahí tener hijos es “el” fin de la unión entre las personas, solo uno entre varios.

“La Unión Civil es una imposición contra mi libertad de pensamiento o creencia”. Falso. Si se aprueba la ley de Unión Civil, cualquiera puede continuar siendo tan homofóbico como era antes. Como en el caso de las leyes contra el racismo, este tipo de normas legales no versa sobre las creencias, pensamientos o prejuicios, sino sobre las prácticas, en particular las prácticas oficiales del Estado. En términos de la libertad de creencias, un veraneante adinerado de Naplo tiene el derecho legal de pensar que todos los cholos son sucios; no tiene el derecho legal de impedirles el acceso a la playa. Igualmente, el arzobispo Cipriani, el congresista Rosas o el exministro Solari tienen el derecho de pensar lo que sea que piensen sobre los homosexuales; no tienen el derecho de impedirles el ejercicio de su ciudadanía. El estado, por su parte, tiene la obligación de proteger ese ejercicio, cambiando las leyes cuando sea necesario.

“La mayoría de peruanos se opone”. El dato es irrelevante. Este tipo de leyes no pueden fundamentarse en la opinión mayoritaria: lo que intentan es, precisamente, prevenir que esa opinión resulte en prácticas discriminatorias. Son leyes de protección a las minorías, actos de justicia hechos necesarios porque la mayoría, en un momento dado, podría no estar de acuerdo con el ejercicio de los derechos que garantizan. En estos casos, el desacuerdo de la mayoría resulta en un daño a la libertad individual, y la obligación del Estado es proteger esta última. Si una mayoría de peruanos pensara que las personas de distintas razas no deben casarse entre sí, ¿habría que adecuar las leyes a esa opinión? Es lo mismo.

“La homosexualidad no es natural, y la sociedad no debe consagrarla en sus instituciones”. Falso. La conducta homosexual ha sido documentada ampliamente en numerosas especies animales, además de la humana (incluso en especies muy cercanas a la nuestra). Es enteramente natural. Pero, de nuevo, el dato es irrelevante. Aún si esta parte del argumento fuera cierta y no sólo producto de la ignorancia (o la mala fe), no está claro cómo se podría deducir de ello que las personas homosexuales no puedan formar uniones civiles o matrimonios. Porque ni la unión civil ni el matrimonio tienen nada que ver con la naturaleza: son instituciones sociales, y la legislación que las rige no deriva su validez, en ningún sentido, de lo que es natural o deja de serlo. Ninguna ley lo hace.

“La homosexualidad es inmoral, y la sociedad no debe consagrarla en sus instituciones”. Aquí la pregunta que uno debe hacerse es: ¿por qué se dice que la homosexualidad es inmoral? No puede ser por “antinatural”, pues no lo es, como hemos visto (y en todo caso, tampoco es “natural” andar con ropa por el mundo, y ya vemos). Tampoco puede ser porque dañe a alguien, pues no lo hace. Una larga tradición de pensamiento, cuya base es religiosa, nos ha acostumbrado a desaprobar en términos morales ciertas conductas externas a lo que se concibe como la norma, en particular la norma sexual. Pero ese es un reflejo, una reacción automática, y nada más. No es una postura que pueda justificarse fuera de las creencias religiosas (“es inmoral porque es pecado”) o de las preferencias personales (“es inmoral porque no me gusta”), y esa no puede ser la guía de las leyes.

Y, por cierto, las normas cambian. Muchas cosas tomadas como “normales” hace apenas unos años en términos de discriminación racial, o de relaciones de género, o de crianza de los niños, ha dejado o está dejando de serlo. ¿Por qué no habría de suceder lo mismo con las normas de conducta sexual? Eso es precisamente lo que está sucediendo hoy, a nivel mundial: la norma que obligaba a muchos a ver la homosexualidad como inmoral se ha relajado y va desapareciendo, aunque los tradicionalistas más recalcitrantes se resistan a aceptarlo.

Para los tradicionalistas de este cuño, cualquier expresión de la sexualidad humana ejercida con madurez y libertad es inmoral; es el sexo en sí mismo lo que los asusta, y el debate sobre los derechos de los homosexuales es únicamente un terreno conveniente en el cual afirmar sus posturas. Estas posturas son represoras y condenatorias, y a la primera de bastos se extenderán a cualquiera para quien el sexo sea algo más que simplemente la obligación mecánica de reproducir la especie.

La verdad es que la ley de Unión Civil (y, si se diera el caso, el matrimonio homosexual) contribuye a promover la participación plena en la vida social de personas antes excluidas, sin dañar en modo alguno los derechos ya existentes. Quienes se oponen a esa ley, se están oponiendo a eso: no quieren mayor libertad, más derechos ni mayor igualdad. Quieren menos. Y usarán cualquier argumento, por absurdo que sea, para obligarnos a todos a vivir en un mundo acorde con sus prejuicios.

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