Ayer en su programa televisivo y radial, el arzobispo de Lima y cardenal Juan Luis Cipriani lanzó una propuesta que hoy tiene a los medios y las redes algo alborotadas: hacer un referéndum sobre dos temas de política social que hoy se debaten en la esfera política, la unión civil el aborto terapéutico.

En ambos casos, la propuesta de Cipriani, que es de esperar no se acoja, viene no sólo con mala intención sino con una voluntaria ignorancia de los hechos. 

En el caso del aborto terapéutico, lo que está hoy en discusión en el Perú es la reglamentación de un protocolo para el cumplimiento de leyes ya dadas; la idea de someter ese protocolo a una consulta popular de tipo referéndum implica desconocer las normas, que existen aunque Cipriani no quiera.

Pero quizás donde el arzobispo cree tener más posibilidades de ser escuchado es en el tema de la unión civil, que aún no está legislada en el país pero probablemente lo estará pronto. Y ahí la idea de promover un referéndum es aberrante en principio, pues pervierte de entrada el sentido de esa legislación.

La unión civil legisla el estatus de una minoría, la de los homosexuales, que en la situación actual se encuentra en pie de desigualdad normativa. Es decir, busca conferirle a una clase de ciudadanos beneficios, derechos y libertades que hoy se le niegan en virtud de su orientación sexual minoritaria.

Este tipo de leyes, por definición, no pueden ser dictadas por una encuesta de opiniones y actitudes mayoritarias, pues su intención es precisamente la de proteger a las minorías, en el sistema legal, de esas actitudes y opiniones. En otras palabras, es precisamente porque la sociedad ha tendido históricamente a discriminar en contra de los homosexuales que leyes como la de unión civil se hacen necesarias.

Proponer un referéndum al respecto, con la certeza (ojalá que infundada) de que una mayoría de peruanos comparte sus prejuicios y posturas ideológicas, equivale a proponer que esa discriminación histórica continúe, porque eso es "lo que le gusta a la gente". Este tipo de razonamiento (o maniobra)  no solo es inconstitucional; también es lo que mejor distingue a los políticos de talante autoritario, a los que la noción de la consulta popular les permite disfrazarse de corderos.

Por lo demás, Cipriani y quienes piensan como él justifican sus actitudes en una flagrante falacia. Ayer, el arzobispo dijo que la razón por la que proponía un referéndum es que se trata de un tema muy grave, que "cambia la naturaleza de una familia, porque afecta la relación de un hombre y una mujer, que es lo que constituye el matrimonio y la familia".

La falsedad de este argumento debería ser obvia, y es una lástima que no lo sea para tantas personas. Piénsenlo por un momento: ¿de qué manera cambia, lector, su relación con su esposo o esposa, amante, novio o novia, el que otras dos personas se unan civilmente? La respuesta es clara: no cambia de ninguna manera. Usted puede seguir haciendo lo que hace sin cortapisas. 

El asunto es que aquellas otras dos personas también puedan hacerlo, como iguales ante la ley. Cipriani no quiere que eso suceda, por razones religiosas. Permitir que una visión como la suya dicte las políticas de estado es someter la legalidad a la religión, y eso no debería ni siquiera estar sobre la mesa de debate. 

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