Un mes y medio después que Odebrecht solicitara al Poder Judicial la aclaración del sentencia con la que se homologó el acuerdo de colaboración con el Estado peruano, este lunes, la jueza María Álvarez Camacho inició la audiencia reservada para definir si se reembolsa los 524 millones de soles que la constructora reclama por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.
Hasta el despacho de la magistrada llegaron los miembros del Equipo Especial y representantes de la Produraduría ad hoc del caso Lava Jato, así como abogados de la empresa brasileña y dos colaboradores eficaces, José Allemant Floríndez y Marco Antonio Bustinza Siu, para que emitan sus argumentos antes de que tome una decisión al respecto.
De lo que se defina en este caso depende en gran medida el futuro del proceso de colaboración entre Odebrecht y la justicia peruana, que ha sido clave hasta ahora para poner contra las cuerdas a la mayoría de dirigentes del país, porque durante los últimos interrogatorios en Brasil, la empresa alertó que su situación financiera es crítica, lo cual pone en riesgo que pueda seguir entregando información clave que sustente los testimonios de sus exejecutivos sobre los hechos de corrupción perpetrados en el Perú.
En el fallo que homologó el acuerdo, en junio pasado, la jueza Álvarez Camacho precisó que la devolución del dinero reclamado se efectuaría bajo la condición de que no existan investigaciones contra Odebrecht. La precisión solicitada pasa por precisar a qué tipo de indagaciones se refiere; es decir, si se incluyen las pesquisas preliminares o solo las que están en etapa preparatoria (formales).
Luego que la magistrada dilucide los términos de la cláusula en mención, la Unidad Funcional del Ministerio de Justicia (Minjus) podrá ejecutar la sentencia y decidir la devolución del dinero de la venta de Chaglla, el activo líquido más importante de Odebrecht en el Perú y cuyo dinero serviría para el pago de la primera cuota de la reparación civil de 80 millones de soles a favor del Estado peruano, así como otros servicios y gastos en Perú y Brasil, que se consideran necesarios para mantener la búsqueda de información en los servidores My Web Day y Drousys.
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