Odebrecht envió el 1 de julio pasado una carta al Ministerio de Justicia (Minjus) en la que solicita el reembolso de S/ 524 millones por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, pero la constructora brasileña no tuvo en cuenta una condición para ello que establece el acuerdo de colaboración eficaz ya fue homologado por la justicia peruana

Según el programa Punto Final, la misiva llega en medio de la admisión de pagos de sobornos de la empresa en el Gasoducto Sur Peruano, obra que no está en el citado convenio firmado con la fiscalía y la Procuraduría ad hoc y en la que se han detectado transferencias ilegales por más de US$ 3 millones.

En la resolución de la jueza María de los Ángeles Álvarez, quien aprobó el acuerdo, se incluyen candados para que el dinero vuelva a las arcas de la constructora. Una de esas condiciones, señala el reportaje, es que la fiscalía le informe al Minjus que no existe investigación o proceso penal en curso, respecto a personas naturales o jurídicas que involucren a Odebrecht, por casos distintos a los que son materia del acuerdo.

Odebrecht no cumple con ese requisito, porque ya el equipo especial Lava Jato la investiga por pagos en el Gasoducto y otras obras en la que no reconoció delitos.  Ahora, la decisión de devolver ese dinero ahora dependen del Ministerio Público, que este martes enviarán una respuesta al Minjus al respecto.

¿Qué reclama la empresa?

El pedido de reembolso que hizo Odebrecht se debe a que, en abril pasado, vendió la central hidroeléctrica de Chaglla al consorcio China Three Gorges, y el Estado, a través del Minjus, le retuvo US$ 319 millones, que al tipo de cambio actual equivale a unos S/ 1,050 millones, con el fin de asegurar el pago de la reparación civil, en un fideicomiso en el Banco de la Nación. 

De la suma retenida en total, se descontaron S/435 millones para pagar una deuda a la Sunat; S/12.5 millones para saldar la reparación civil por la carretera Chacas; y están por cobrarse otros S/ 80 millones, de la primera cuota de la reparación civil pactada en el acuerdo homologado que asciende a S/610 millones. Así, el saldo de S/524 millones debe retornar a las cuentas de Odebrecht, siempre que la empresa brasileña cumple con los requisitos del convenio, que no es el caso.

Pero ahora, con los nuevos casos que han salido a la luz, el monto de la reparación civil ─que está en función a las cuatro obras en que Odebrecht admitió el pago de coimas inicialmente─ se tendría que recalcular, porque así lo señala el acuerdo.

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