Las transferencias por 10,5 millones de dólares que la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht hizo en 2014 por obras en el Perú, que figuran en planillas secretas recientemente reveladas y que no están incluidas en el acuerdo de colaboración eficaz, no ponen en peligro este convenio de cooperación y que ha sido clave para las investigaciones del Ministerio Público.
¿La razón? Que el acuerdo tiene carácter de cosa juzgada, al haber sido aprobado por el Poder Judicial y además incluye cláusulas en las que se estableció que si se conocían nuevos hechos delictivos vinculados con la constructora se suscribirían adendas o nuevos convenio colaboración y pagos adicionales de reparación civil.
"Si surgen evidencias de que en otras obras la constructora incurrió en conductas delictivas, como pagos de coimas o sobornos, a cambio de la adjudicación de los proyectos, lo que corresponde es suscribir una adenda o un convenio adicional en los que se incorpore los nuevos hechos al convenio recientemente homologado por el Poder Judicial", explicó en El Peruano el exfiscal Avelino Guillén.
"En tal sentido, [lo revelado] no afecta al acuerdo, que es un instrumento jurídico que quedó firme con una sentencia consentida y tiene plenos efectos jurídicos. Aquí lo único que corresponde es que la Fiscalía corrobore la información que se ha difundido en diversos medios de comunicación y proceda a contrastar, verificar, su calidad vía cooperación internacional".
En el mismo sentido se pronunció exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) Pedro Angulo, al sostener que los que afirman que el acuerdo "se puede caer" están expresando "sus deseos antes que la realidad", debido a que estaba "absolutamente anticipado" que podrían surgir nuevos casos o que se descubran nuevos elementos, por lo que era factible negociar una nueva colaboración de la constructora brasileña, que además está obligada a colaborar con las nuevas indagaciones que efectúe el Ministerio Público.
Abren pesquisas
De hecho, el equipo especial Lava Jato ya dispuso el inicio de una investigación sobre los pagos que aparecen en unas planillas que la constructora brasileña le dio a la Fiscalía el 12 de junio último, revelados por una investigación periodística internacional.
De los 10,5 millones, 8,8 millones están relacionados con 10 obras públicas y 1,6 millones fueron transferidos a los exsuperintendentes de Oderecht en Perú, Jorge Barata y Ricardo Boleira. Parte de esos pagos están vinculados a las obras Costa Verde Callao, Vía Evitamiento Cusco, Metro de Lima, Interoceánica Sur y carretera de Carhuaz, en las que la empresa ya reconoció que pagó sobornos.
Pero también aparecen montos desconocidos hasta ahora, relacionados con Rutas de Lima, los proyectos de irrigación Chavimochic y Olmos, la vía Hualapampa-Vado Grande, el Gasoducto del Sur y la empresa Kuntur, vinculada a este proyecto, donde los colaboradores de Odebrecht no han hablado de ningún pago ilícito.
Ya los fiscales del equipo Lava jato se comunicaron con los colaboradores Jorge Barata, Ricardo Boleira, Renato Ribeiro y Antonio Carlos Nostre y el Ministerio Público de Curitiba, para programar en el menor plazo posible, según fuentes que cita La República, una nueva ronda de interrogatorios, con el fin de que se aclaren los objetivo, el origen y destino final de esos pagos, consignados bajos 'codinomes' o seudónimos, para ocultar la identidad real de los beneficiarios.
DATO
► Entre el 16 y 19 de julio próximo, ocho exdirectivos de Odebrecht, entre ellos el expresidente ejecutivo Marcelo Odebrecht, volverán a ser interrogados, en Sao Paulo, por el Equipo Especial del caso Lava Jato de Perú.
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