El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial del Caso Lava Jato, formalizó ante el Poder Judicial su pedido de 18 meses de prisión preventiva para cuatro presuntos integrantes del llamado ‘club de la construcción’.
La medida solicitada incluye a José Guillermo Paredes Rodríguez, ‘Pepe’, hermano de Carlos Paredes, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el gobierno de Ollanta Humala; así como a José Fernando Castillo Dibós (expresidente de la empresa ICCGSA), Edgard Ricardo Unzueta Zegarra (gerente comercial de la constructora brasileña Andrade Gutierrez) y Javier Lei Siucho (representante de la constructora CyM), informó El Comercio. A estos se les investiga por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada y cohecho activo genérico.
El pedido de Juárez deberá ser resuelto por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado de Corrupción de Funcionarios.
Cuatro aspirantes a colaboradores eficaces relataron a la fiscalía cómo operaba una red de corrupción entre las constructoras y funcionarios del MTC para que se repartan las obras públicas de infraestructura vial que se licitaban durante el gobierno de Humala.
Según los testimonios, los sobornos que pagaron los integrantes de este cartel llegaron a US$17 millones. De acuerdo con El Comercio, el colaborador eficaz N° 09-2018 declaró que el entonces ministro Paredes utilizaba a su hermano como intermediario de los pagos. Como el extitular del MTC tiene derecho a antejuicio por haber sido alto funcionario del Estado, es la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la que lo investiga por este caso.
El modus operandi y los pagos
La fiscalía ha podido establecer que este club o cartel de al menos 18 empresas en lugar de competir entre sí, se coludían para repartirse los proyectos que Provías Nacional, unidad ejecutora del MTC, convocaba en el país. Para ello era clave que no se cambie a personal de Provías; evitar que empresas ajenas al ‘club’ ganen obras y que las licitaciones deberían entregarse con una propuesta económica por encima del valor referencial.
Pero lo que aún falta determinar con precisión es desde cuándo empezó a operar esta presunta organización criminal en el MTC. El ex jefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, en el último interrogatorio de abril pasado en Curitiba, dijo que desde el 2001, pero Raymundo Trindade Serra, exgerente de relaciones institucionales de Odebrecht, señaló que comenzó a operar en 1996.
Según los testimonios que ha recogido el fiscal Juárez, entre agosto y octubre del primer año de gobierno humalista, hubo diferentes reuniones entre los miembros del ‘club’, el exministro Paredes y sus intermediarios, con el fin de coordinar que se nombre a una persona de confianza en el MTC y el porcentaje del soborno: un 3% del costo directo de la obra por ejecutar. De momento, la indagación del despacho de Juárez solo abarca el período 2011-2014.
De acuerdo con la investigación, Carlos García Alcázar, hoy bajo prisión preventiva, fue el enlace entre las constructoras y el MTC. En agosto del 2011 se le nombró como asesor del Viceministerio de Transportes, mediante una resolución firmada por Paredes; en tanto, Rodolfo Prialé de la Peña habría sido el intermediario entre el ‘club’ y el encargado de cobrar los sobornos.
Así, el fiscal Juárez logró establecer que Castillo Dibós hizo un pago en efectivo a Prialé de la Peña en la sede de ICCGSA en San Isidro. Previamente hicieron una coordinación telefónica, según el secreto de las comunicaciones que se les levantó y que reveló además el intercambio de llamadas entre ambos entre 2013 y 2014.
En le caso de Unzueta Zegarra, quien también hacía coordinaciones telefónicas con Prialé de la Peña, se fiscalía logró verificar transferencias bancarias de este empresario por más de US$ 800 mil a una ‘offshore’ de Prialé de la Peña con sede en Panamá, llamada Jotas de la India.
El fiscal Juárez también tiene el registro de llamadas entre de Lei Siucho y Prialé de la Peña entre 2013 y 2014. Estas conversaciones apuntan a que se realizaron "contrataciones ficticias” entre una empresa vinculada a Prialé de la Peña con CyM para los sobornos.
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