Tras el ingresar la noche del sábado a la residencia del embajador uruguayo en Lima para pedir protección, Alan García ha pedido asilo político o diplomático al gobierno de Tabaré Vásquez, que es una figura de larga data que se aplica para proteger a los perseguidos políticos, pero no para delitos comunes o corrupción, según lo establece la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.
En su artículo III, este estatuto, que suscribieron los gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, prohíbe que se conceda la figura de asilo diplomático a los investigados por delitos comunes.
Aunque la mayoría de expertos en la materia coincide en que García es investigado por delitos comunes, también señalan que es improbable que el líder aprista haya pedido protección en la embajada uruguaya sin haber hecho las coordinaciones del caso y conversado sobre las posibilidades de que se le conceda el asilo.
Al líder aprista la fiscalía le imputa en concreto los delitos colusión, tráfico de influencias y lavado de activos, por las coimas que Odebrecht asegura haber pagado en el Metro de Lima, la obra emblema de su último gobierno. Además, el sábado, horas antes de que pida protección diplomática, el Poder Judicial aprobó el impedimento de salida del país que solicitó el Ministerio Público contra García, quien dijo "no es un ningún castigo ni deshonor estar 18 meses en el Perú" y que estaría "a disposición para presentar las contrapruebas". Incluso, en la audiencia, su defensa se allanó al requerimiento fiscal y no habló de ninguna persecución.
A esto se suma que Odebrecht proporcionó a la fiscalía peruana información de su sistema de comunicación encriptada llamado Drousys, en la que se revela que el área de Operaciones Estructuradas de la empresa le pidió a un abogado externo firmar un contrato con una fecha anterior –mayo 2012– y transferir US$100.000 a la cuenta bancaria de García como pago por una conferencia que dio en Brasil ese año, para Federación Industrial del Estado de Sao Paulo (FIESP).
Sea como fuere, la decisión final está en manos del gobierno uruguayo, que tiene esa prerrogativa y que ha dado señales de que podría acceder a la solicitud, lo cual complicaría las relaciones con el Perú, que a través del presidente Martín Vizcarra ha fijado una postura clara en este caso, en el sentido de que en el país no existe la persecución política, y así se lo hizo saber a su homólogo Tabaré Vásquez, a quien le recordó el compromiso regional que suscribió en abril en Lima de lucha contra la corrupción.
En Uruguay hay hay voces como la senador Javier García que han señalado que el gobierno de su país —que anunció que resolverá el tema en un tiempo prudencial— debe rechazar el pedido de asilo del expresidente peruano.
"[El asilo] es una figura para impedir persecución política, no para delitos comunes ni corrupción. Perú es un país hermano, democrático, con instituciones libres y plenas. Esperemos que Gobierno de Uruguay no intervenga en asuntos internos de Perú y actúe de acuerdo a derecho vigente", escribió García en su Twitter.
DATO
> En los 90, Alan García permaneció asilado en Colombia nueve años mientras era investigado por corrupción por el llamado tren eléctrico que inició en su primer gobierno (1985-1990). Volvió a Perú en 2001, cuando prescribieron los cargos en su contra por enriquecimiento ilícito, cohecho y colusión. Ahora, por esta misma obra, que culminó en su última gestión (2006-2011), vuelve a enfrentar cargos de corrupción y busca otra vez asilo.
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