El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, Rafael Vela, espera que las autoridades peruanas competentes actúen con prontitud ante el pedido de asilo diplomático del expresidente Alan García al Gobierno de Uruguay poco después de que se ordenara su impedimento de salida del país por 18 meses en el marco de la investigación en su contra por los delitos de colusión agravada y lavado de activos en el caso Metro de Lima, obra en la que Odebrecht asegura que pagó millonarios sobornos.

El magistrado subrayó que se ha respetado de forma escrupulosa los derechos del investigado, por lo que dijo que le sorprendió la actitud del líder aprista, que por un lado dijo, públicamente, que se allanaba al pedido de impedimento de salida del país y que colaboraría con la justicia y, por el otro, busca evadirla con este pedido.

"Eso evidencia que hay una defraudación a la conducta procesal y, por el contrario, parecería que esto ya estaba planificado", dijo Vela en Cuarto Poder, en alusión a que García, incluso, se refugió en la embajada de Uruguay en Lima antes de que se haga público su pedido de asilo.

El fiscal explicó que están dispuestos a proporcionar toda información al Gobierno de Uruguay sobre cuál es el estatus del expresidente procesalmente, al reiterar que se han respetado todos sus derechos y que, prueba de ello, es que en la audiencia del sábado en que se aprobó su impedimento de salida su defensa no informó de ningún tipo de persecución política que García alega en su pedido de asilo.

"De tal manera que para nosotros no hay ningún tipo de posibilidad de especular que no se hayan respetado escrupulosamente todos sus derechos procesales", insistió Vela, este vez en entrevista con El Comercio.

"[El pedido de asilo] se trataría de una estrategia claramente definida de eludir la acción de la justicia".

La convención de Caracas

Al precisar que aún no hay una decisión tomada sobre el pedido del expresidente peruano, el vicecanciller de Uruguay, Ariel Bergamino, dijo que su país "tiene una larga tradición" y que la solicitud de García Pérez fue recibida "con naturalidad" y "sin dramatismos".

Así, precisó que el pedido del líder aprista se en el marco de la Convención de Caracas de 1954 y que para decirse se seguirán los procedimientos establecidos en la mencionada norma internacional, la cual prohíbe —en su artículo III— que se conceda la figura de asilo diplomático a investigados por delitos comunes, como lo es García, pero la decisión final es de Uruguay, que tiene la prerrogativa de definir se se trata de una persecución con motivos políticos.

La mayoría de expertos en la materia coincide en que García es un político que es investigado por delitos comunes, pero la vez señalan que es improbable que el líder aprista se haya refugiado en la embajada uruguaya y haya pedido asilo sin antes haber hecho las coordinaciones del caso y saber que hay posibilidades de que se le conceda. "No creo que Alan García haya tomado una apuesta de este tipo así de radical sin estar preparado", dijo en El Comercio Alonso Gurmendi, profesor en Derecho Internacional de la Universidad del Pacífico.

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