En una decisión que se veía venir, la Procuraduría General de Brasil — equivalente al Ministerio Público peruano— suspendió la cooperación judicial con nuestro país, luego de que la constructora Odebrecht interpusiera una queja porque en Perú se les está persiguiendo, pese a la colaboración e información que están brindando a los fiscales del Equipo Especial para el caso Lava Jato.
La comunicación oficial de la mencionada decisión llegó a través de un correo electrónico el martes 3 de julio último, en el que se le comunicaba a la fiscalía peruana que como primera medida, se suspendía el interrogatorio previsto para ese miércoles a Hilberto da Silva, exdirector del departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la llamada Caja 2, de donde salía el dinero para las coimas y aportes políticos, reveló La República.
La diligencia suspendida se iba a realizar en la ciudad de Salvador de Bahía e iba a estar a cargo de los fiscales peruanos de lavado de activos, Germán Juárez y José Domingo Pérez, quienes vienen investigando al expresidente Ollanta Humala y a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, respectivamente.
Otro de los efectos de la decisión de suspender la colaboración judicial con el Perú sería el rechazo a los pedidos para interrogar a Jorge Barata y entregar una copia de los archivos encriptados en los servidores de la Caja 2 de Odebrecht, conocidos como "Drousys" y "MyWayDay B", según fuentes judiciales brasileñas que cita La República.
En el Ministerio Público no esperaban una decisión de esta magnitud, incluso se creía que se trataba de un impasse solo del Equipo Especial del caso Lava Jato, que está a cargo del fiscal Hamilton Castro, pero lo cierto es que la decisión afecta a todas la investigaciones en las fiscalías de lavado de activos.
Incluso, Carlos Kauffman, abogado de Barata, presentó un extenso informe ante la Procuraduría General de Brasil de lo que está sucediendo en Lima, que habría sido determinante en la suspensión. En el documento, detalló lo que ya había dicho:
✔ Que desde noviembre del 2016, su cliente y la filial de Odebrecht en Perú han cumplido con entregar información y pruebas de actos de corrupción en el país.
✔ Que así y todo, se les persigue penalmente, se congelan sus cuentas, se incautan sus archivos.
✔Que el Ministerio de Justicia pretende cobrar una reparación civil "impagable" de 1.600 millones de dólares.
También se resalta un hecho reciente: el allanamiento que ejecutó el fiscal José Castellanos, a cargo de la investigación del expresidente Alan García, en un almacén en el que Odebrecht guardaba los archivos contables de la empresa de los últimos 15 años.
Según la constructora, en diciembre del 2016, en coordinación con el Ministerio Público, contrató a la empresa Polysistemas para que guarde esa documentación, que está a disposición de los fiscales. Pero el material que se incautó en el citado allanamiento se presentó ante la opinión pública como archivos clandestinos.
Buscan una salida
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el fiscal superior Rafael Vela Barba y el fiscal coordinador del Equipo Especial, Hamilton Castro, continúan conversando con los abogados de Barata y Odebrecht para que el acuerdo de colaboración eficaz llegue a buen puerto.
De hecho, Castro dijo que toda colaboración eficaz tiene "picos altos y bajos" y que está seguro de encontrar una solución, según por La República, pero anotó que en el caso de Barata, es un proceso complejo, porque requiere una corroboración y de la cooperación judicial de otros países.
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