En un informe que presentó el fiscal de lavado de activos José Castellanos al juez Richard Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se señala que los tres hijos y un hermano del exsecretario general de Palacio en el último gobierno aprista, Luis Nava Guibert, quienes figuran como propietarios de la empresa Transportes Don Reyna, no pudieron acreditar el origen de los 3 millones de soles con los que compraron 12 camiones Scania.
Con esa flota, Transportes Don Reyna le prestó servicios a la compañía Odebrecht en cinco megaproyectos que ejecutó en el Perú, por un monto que supera los 17 millones de dólares, entre 2007 y 2017, informó La República, que señala además que la fiscalía detectó que conforme la constructora brasileña ganaba licitaciones de obras públicas durante el gobierno de Alan García, contrataba a la empresa de los Nava, que el exsecretario presidencial fundó en 1995, pero que traspasó a sus hijos José, Luis y Jean Nava Mendiola, y a su hermano Carlos Nava Guibert, justo cuando se inició el último régimen aprista, en 2006.
El hecho de que Transportes Don Reyna no haya podido demostrar cómo lograron adquirir su flota de camiones es clave para la tesis de la fiscalía, la cual pretende determinar si es que Odebrecht simuló contratar a la empresa de los Nava con el fin de ocultar supuestos pagos a funcionarios del gobierno aprista a cambio de la adjudicación de obras públicas.
En sus fundamentos, el fiscal José Castellanos sostiene que Odebrecht empezó a contratar los servicios de Transportes Don Reyna en 2007, pese a que sabía que la empresa estaba relacionada con un alto funcionario y colaborador cercano de Alan García, con el agravante de que la compañía brasileña era proveedora del Estado.
Con el aprismo en el poder, Odebrecht ejecutó los tramos 1 y 2 del Tren Eléctrico —la obra emblema del último gobierno de García, en el que los brasileños admitieron haber pagado sobornos— además de la segunda etapa del proyecto Olmos y de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur.
En paralelo, Odebrecht contrató a Transportes Don Reyna para prestar servicios en el proyecto IIRSA Norte, en los tramos 1 y 2 del Tren Eléctrico, en la vía Chacas-San Luis (Áncash), en Olmos, en el tramo del Callao de la Costa Verde y en los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. Para cumplir estos compromisos, los Nava compraron 12 camiones por un monto aproximado de millón de dólares, entre el 20 de enero de 2016 y el 1 de junio de ese mismo año. Y el pago lo hicieron al contado, pero al ser requerida la documentación que sustente el origen de los fondos, no pudieron hacerlo, para demostrar de dónde había salido el dinero para la adquisición, lo que aumentó las sospechas de la fiscalía de lavados de activos.
Otro hecho que abona en las dudas de fiscal Castellanos es que, el 4 de julio del 2012, los hijos de Nava constituyeron una garantía mobiliaria por seis años a favor de la empresa Scania Services del Perú, por el valor de 1.8 millones de dólares. Sin embargo, el 9 de enero de 2017, Transportes Don Reyna, antes del vencimiento del plazo, canceló las garantías de los 21 camiones que tenía como activos hasta ese momento.
El incremento patrimonial de los hijos del exsecretario presidencial de Alan García también llamó la atención de la fiscalía. De hecho, cuando Transportes Don Reyna empezó su relación comercial con Odebrecht, su capital era de 15.500 soles, pero luego pasó a 245.520 soles a partir del 5 de setiembre de 2008. Para el 16 de junio de 2011, cuando terminaba el último mandato aprista, el capital de la empresa de los Nava alcanzó los 4.492.792 soles.
Por ello, a pedido del fiscal Castellanos, el juez Concepción Carhuancho autorizó el levantamiento del secretario bancario y bursátil de Luis Nava Guibert, de sus hijos Luis, José y Jean Nava Mendiola, y de su hermano Carlos Nava Guibert, así como el allanamiento del almacén en Pachacámac, en donde Odebrecht guarda toda la documentación de sus operaciones en Perú. La diligencia se realizó el 19 de junio último y se prolongó por 15 horas, porque el fiscal quería asegurarse de hallar las pruebas necesarias para establecer si los contratos entre Odebrecht y Transportes Don Reyna implicaron alguna forma de encubrimiento.
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