La colaboración eficaz de Jorge Barata y la filial de Odebrecht en el Perú con el Ministerio Público está a punto de caerse, lo que pondría en riesgo la reparación civil que tendría que pagar la constructora brasileña por la trama de corrupción que montó en el país para ganar obras públicas.
Tanto Barata como la empresa consideran que siguen siendo perseguidos por la justicia peruana pese a que entregaron información importante al Equipo Especial para el caso Lava Jato desde noviembre del 2016, cuando firmaron el preacuerdo con la fiscalía peruana, informó este lunes La República.
Odebrecht alega que pese a que entregó información sobre las coimas que pagó por los contratos de la Interoceánica, el Metro de Lima, la Vía Expresa Callao, la Vía de Evitamiento Cusco y también sobre los aportes a las campañas políticas en Perú, es la única empresa a la que el Ministerio de Justicia aplica las restricciones económicas de la Ley N° 30737, que reemplazó al Decreto de Urgencia 003.
La constructora en mención sostiene que otras empresas peruanas —incluidas las consorciadas de Odebrecht— y brasileñas implicadas en el caso Lava Jato, que no han colaborado con la justicia peruana, pudieron vender sus propiedades, trasladar sus ganancias o seguir invirtiendo en el Perú.
Odebrecht también se queja de que el Ministerio de Justicia y la Procuraduría ad hoc rechazan una negociación directa para el pago de la reparación civil, en un contexto en el que consideran impagable la cifra de US$ 1.500 millones por este concepto que calculan en la defensa jurídica del Estado.
Esta situación provocó que la colaboración de Odebrecht se suspenda hace varios meses, por lo que hasta ahora no hay fecha para el nuevo interrogatorio a Barata, que estaba previsto para mayo inicialmente.
Para volver a declarar, el exejecutivo de la constructora en el Perú pretende que se cierre la colaboración eficaz con la información que ha entregado hasta la fecha y que se les otorgue inmunidad total, precisó La República, pero en la fiscalía dicen que no es posible, porque se requiere un nuevo interrogatorio, que entregue más pruebas y que lo que diga sea verificable, además de aceptar una pena mínima.
Incluso, las autoridades de Brasil le dijeron al fiscal Hamilton Castro, cuando pidió la cooperación judicial de este país para ampliar la declaración de Barata, que debe firmar el acuerdo de no incriminación para no perseguir penalmente al exejecutivo ni a la constructora Odebrecht.
Es decir, Barata y la constructora quieren el mismo trato que recibieron en su país, donde el juez Sergio Moro prohibió a las entidades administrativas brasileñas que le impongan cualquier sanción a la constructora, por la información que entregaron mediante la delación premiada.
La fiscalía peruana alega que si se cae la colaboración de Barata y Odebrecht, que implica que todo lo que declararon o aportaron no se podrá utilizar legalmente en ninguna acusación o juicio, los casos no se verán afectados porque tienen pruebas de los pagos y coimas, obtenidas vía la cooperación judicial de Suiza y Andorra. Sin embargo, sí se afectará el reclamo de una reparación civil, advirtieron fuentes judiciales.
Lee también:
Caso Odebrecht: Hijos de Nava no pueden demostrar cómo lograron comprar 12 camiones
