El titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez Velarde, anunció que su despacho evaluará la cuestionada decisión de la fiscal Sara Vidal de archivar la investigación al ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, amparándose en la polémica casación de la Corte Suprema que pone en riesgo todos los casos de lavado de activos bajo indagación.

"He pedido un informe sobre el trabajo de la fiscal y voy a evaluar su actuación en ese caso", señaló Sánchez al ser consultado por la polémica resolución de Vidal, que también benefició a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, incluida en las pesquisas a inicios de este año, pero que para la fiscal no es sospechosa de nada porque no cuenta con ninguna propiedad inmobiliaria a su nombre.

En su decisión, Vidal recurre a la Casación 92-2017, Arequipa, de la Corte Suprema, y alega que, al no haber reunido suficientes indicios de un denominado "delito fuente" o "delito precedente", no es posible acusar a Ramírez, Fujimori y el resto de investigados por lavado de activos.

La fiscal no solo decidió prescindir de los peritajes de agentes policiales adscritos al Ministerio Público, sino también de información clave de la DEA sobre lo que dijo en mayo de 2016 el informante de este agencia antidrogas Jesús Vásquez sobre el origen del financiamiento de la campaña de Fuerza Popular de ese año. 

Una de las principales hipótesis del caso se basaba, precisamente, en lo declarado por Vásquez, quien alegó que Ramírez le contó que había entregado 5 millones de dólares a Keiko Fujimori, que previamente había lavado a través de su cadena de grifos, para financiar su campaña presidencial del 2016. 

Según la tesis del Ministerio Público, el dinero podría provenir de las actividades ilícitas de Miguel Arévalo Ramírez, 'Eteco', considerado un capo de la droga por la DEA. El nexo entre Joaquín Ramírez y Arévalo, de acuerdo con la misma versión, fue su tío Fidel Ramírez Prado, fundador de la Universidad Alas Peruanas.

Por ello, la misma Vidal solicitó en febrero del 2016 a la DEA información de Fidel Ramírez Prado y su entorno, entre ellos varios familiares de Joaquín Ramírez, si estaban inmersos en alguna investigación en curso y hasta una copia del audio (o su transcripción) que probaría la versión de Jesús Vásquez, quien dijo que grabó de forma subrepticia al exfinancista de Keiko Fujimori cuando este se ufabana de haber blanqueado dinero para la lideresa de su partido. 

En ambos casos, precisa La República, la magistrada reportó que "nunca se recibió respuesta", pero lo que no explica Vidal es por qué no uso los conductos formales  para sus pedidos —vía cooperación internacional—, tal como se desprende de su propia resolución. Además, según comentan fuentes fiscales, todo el mundo sabe en el Ministerio Público que las agencias estadounidenses como la DEA no suelen compartir este tipo de información sensible sobre investigaciones en curso. 

DATOS CLAVES

► Este lunes, a pedido de la fiscalía, los 15 jueces que conforman la Corte Suprema del Poder Judicial participan de un pleno casatorio para definir jurisprudencia y cómo abordar en adelante el delito de lavado de activos.

► El riesgo que habían alertado los operadores del sistema de justicia en el país en torno a la referida casación radica en que establece una doctrina jurisprudencial vinculante que fija reglas muy duras para investigar y sancionar el delito de lavado de activos, y que, en la práctica, lo convierte en un tipo penal inaplicable.

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