No hay primera sin segunda, reza un dicho. Y eso parece que es lo que ocurrirá con la situación del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, quien no solo recibiría el indulto humanitario del jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, sino también el derecho de gracia, para que la libertad del reo sea total

Es decir, este último beneficio, que también es prerrogativa del primer mandatario del país, cerrará las puertas a cualquier posibilidad de que Fujimori vuelva a prisión por algunos de los juicios e investigaciones pendientes que tiene con la justicia peruana por crímenes y delitos cometidos durante su gobierno.

Así, mientras el eventual indulto lo beneficiaría en los casos La CantutaBarrios AltosGorriti y Dyer, por los que el exdictador fue condenado por asesinato y secuestro a 25 años de cárcel —la máxima sentencia que recibió hasta ahora—, el derecho de gracia borraría sus cuentas pendientes con la justicia, que son varias.

De hecho, ya la justicia chilena había aprobado ampliar la extradición de Fujimori en dos casos, uno por violación de derechos humanos y otro por corrupción, para que pueda ser juzgado en el Perú. 

1. Caso Pativilca

En este proceso, Fujimori es acusado por autoría mediata —como en los casos Cantuta y Barrios Altos— en la matanza de seis ciudadanos de Pativilca en enero de 1992, a manos del grupo Colina. En julio pasado, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional incluyó al reo expresidente en este caso, por el que pidió 25 años de cárcel y el pago de una reparación civil de S/ 500 mil para los herederos legales de las víctimas.

Según el expediente judicial, la masacre se dio luego de que un empresario chino, que se disputaba un terreno entre los anexos Caraqueño y San José con sus ocupantes, acusó falsamente a estas personas de senderistas, y pidió a un familiar cercano al general Nicolás Hermoza Ríos, entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que "le diera una mano". Y este envió al destacamento militar a cargo del mayor del Ejército Santiago Martin Rivas a hacer lo que mejor sabían: secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer.

La víctimas de esa matanza fueron John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29) .

El técnico del Ejército Jorge Ortiz Mantas, quien integró el grupo Colina, confesó su participación en la masacre, una de las peores perpetradas durante la dictadura, y dijo que, además de Hermoza, dependían de Fujimori y del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.  

2. Chavimochic

Fujimori también debe responder ante la justicia por el desvío de fondos del SIN para comprar dos terrenos en el proyecto Chavimochic, en La Libertad, a nombre del prófugo Augusto Miyagusuku, entonces presidente de la aseguradora Popular y Porvenir (PyP), quien actuó como testaferro del padre de Keiko y Kenji Fujimori.

Según Montesinos, el exmandatario autorizó el uso de US$ 800.000 de fondos públicos para que Miyagusuku compre dos predios de 128 y 1,018 hectáreas, ubicados en el sector III del Proyecto Especial Chavimochic, presuntamente para él. El caso ahora se ventila en la Cuarta Sala Penal Liquidadora del Poder Judicial. 

El expediente fiscal señala que ambos lotes "fueron producto directo de las actividades delictivas en las que participó el procesado Miyagusuku y Alberto Fujimori, siendo que el primero actuó como testaferro de este último".

3. Esterilizaciones forzadas

En este caso, el derecho de gracia a favor de Fujimori también los salvaría de las investigaciones en curso por estas prácticas ilegales que hace dos décadas se iniciaron como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000), en su gobierno y bajo el cual miles de mujeres, sobre todo de procedencia rural, fueron esterilizadas sin su consentimiento o con engaños.

Muchas de las víctimas, que fueron discriminadas por el Estado, no cesan hasta hoy en su incansable búsqueda de la verdad y justicia, pese a las varias veces en que el sistema judicial ha archivado el caso, pero sin lograr doblegar esa lucha contra la impunidad. Ahora, el caso está en manos del fiscal superior Luis Landa, quien debe decidir si denuncia o archiva (otra vez) el caso.

DATOS CLAVE

► Alberto Fujimori  fue juzgado por cinco casos en el Perú, y en todos fue condenado, lo cual revela que en su gobierno hubo una intensa actividad criminal y delictiva. La pena más grande que recibió fue de 25 años, por asesinato y secuestro.
► También fue condenado por usurpación de funciones (suplantó a un fiscal para el montaje que hizo al ingresar a la casa de su exasesor Vladimiro Montesinos), por peculado (el ilegal pago que le hizo de 15 millones de soles al mismo 'Doc' por 'compensación por tiempo de servicios') y por corrupción (el caso de los 'diarios chicha' y la compra de congresistas tránsfugas). Las penas en estos casos son de entre seis y ocho años, pero en la legislación peruana las sentencias no son acumulables, y solo se cumple la más alta.
► En el juicio por violación de derechos humanos se acreditó que el grupo Colina no era un grupo paramilitar, sino era un escuadrón regular del Ejército y que funcionó sobre la base de una disposición que vino del Servicio de Inteligencia Nacional, que dirigía desde la sombra Montesinos con el aval de Fujimori. 


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