Cuando ya todo parece cocinado para su excarcelación, el expresidente Alberto Fujimori recibiría no uno, sino dos beneficios del actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski, con el fin de asegurar que su libertad sea permanente.
Según explicaron fuentes del Ministerio de Justicia, que cita La República este martes, Fujimori necesita ser indultado y además recibir el derecho de gracia. El primer beneficio evitará que el expresidente cumpla la totalidad de su condena de 25 años a la que fue sentenciado por asesinato y secuestro, delitos considerados de lesa humanidad.
El derecho de gracia, también otorgado por el presidente de la República por las mismas razones humanitarias, evitará que vuelva eventualmente a prisión por los juicios pendientes que tiene. Según la norma, este beneficio se otorga a un reo que está detenido sin juicio más allá del tiempo máximo de detención preventiva.
La mayor sentencia que pesa sobre Fujimori hasta ahora es la de 25 años de cárcel por tres casos: el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta; la masacre de Barrios Altos, donde murió un niño de 8 años—ambas matanzas las perpetró el grupo Colina—; y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, el día del autogolpe del 5 de abril de 1992.
De esa condena, el encarcelado exdictador ha cumplido menos de la mitad de la pena, es decir, 10 años y 7 meses, contando los seis meses que estuvo detenido en Chile a la espera de su extradición y el tiempo que ha estado recluido en Diroes, a donde llegó el 22 de setiembre del 2007.
Hasta el fecha, Fujimori ya cumplió las condenas por los casos de usurpación de funciones (suplantó a un fiscal para el montaje que hizo al ingresar a la casa de su exasesor Vladimiro Montesinos), por peculado (el ilegal pago que le hizo de 15 millones de soles al mismo 'Doc' por 'compensación por tiempo de servicios') y por corrupción (el caso de los 'diarios chicha' y la compra de congresistas tránsfugas).
En la legislación peruana, las penas de cárcel no son acumulables, y solo se cumple la más alta, que en el caso de Fujimori es la de 25 años de prisión por asesinato y secuestro.
Pero Fujimori tiene varios juicios pendientes, tanto por delitos de lesa humanidad como por corrupción. De hecho, en dos de estos casos la justicia chilena aprobó ampliar la extradición, con lo que el camino está libre para juzgarlo: uno por autoría mediata, en la matanza de seis pobladores de Pativilca en enero de 1992, a manos de los Colina; y el otro por corrupción, por el desvío de fondos del SIN para comprar un terreno en el proyecto Chavimochic, a nombre del prófugo Augusto Miyagusuku.
El derecho de gracia no solo neutralizaría los juicios pendientes, sino también las investigaciones que están en curso, como el de las esterilizaciones forzadas, precisó La República. "Los asesores legales del Ministro de Justicia opinan que Fujimori reúne las condiciones para acceder también a este beneficio", reseña el periodista César Romero en el citado medio.
¿Queda algo por hacer?
La decisión política de PPK de excarcelar a Fujimori ya parece tomada. En ese contexto, la resolución suprema que conceda beneficios presidenciales no puede ser impugnada por el Poder Judicial, pero sí puede ser revisada por el Tribunal Constitucional.
Hay precedentes en ese sentido, cuando ese colegio revisó los casos de Alfredo Jaililie Awapara, beneficiado con el derecho de gracia, y en el frustrado indulto de José Enrique Crousillat López Torres, al señalar que estos beneficios deben tener un estándar mínimo de motivación que pueda posibilitar un control constitucional posterior.
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