Tras varias marchas y contramarchas, y ante la presión mediática y las evidencias, el Ministerio Público, finalmente, anunció el inicio de una investigación preliminar a Keiko Fujimori esta semana por ocho meses, por los aportes que habría recibido de la constructora Odebrecht en las elecciones del 2011.
El encargo recayó en el fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche —sí, el mismo que investiga a Ollanta Humala y Nadine Heredia—, pero antes de que, prácticamente, lo obliguen a asumir el caso de la excandidata de Fuerza Popular, había tratado de desentenderse de este hasta tres veces.
El peloteo en el Ministerio Público —que investiga hace dos años sin éxito los sospechosos aportes electorales de Fuerza Popular— para que alguien decida investigar a Keiko Fujimori duró 20 días, según revela Hildebrandt en sus trece este viernes.
El mismo Marcelo Odebrecht declaró ante fiscales peruanos en mayo pasado en Curitiba, Brasil, que estaba seguro que su empresa había financiado al fujimorismo en el 2011, pero a los magistrados peruanos presentes en la diligencia —entre ellos Juárez Atoche— no les pareció relevante. Fue IDL-reporteros el medio que puso en evidencia la desidia fiscal y, en junio pasado, reveló la anotación que había agenda electrónica de mismo Marcelo Odebrecht — "Aumentar 500 a Keiko"—, que parece ratificar el aporte. Las autoridades brasileñas confirmaron que esa anota existe y se lo entregaron al propio fiscal de la Nación de Perú, Pablo Sánchez, quien estuvo en Brasil la semana pasada para una cumbre de fiscales del Mercosur.
Así, la investigación a Keiko Fujimori era inevitable, pero la resolución que emitió Juárez Atoche para abrir el proceso preliminar por ocho meses tiene una omisión que alimenta las sospechas sobre el ánimo de encubridor a la lideresa de Fuerza Popular del Ministerio Público que han denunciado diversas voces.
¿La razón? En el documento del fiscal Juárez, al que tuvo acceso Hildebrandt en sus trece, no se menciona —en una sola línea— la intención de interrogar a Jorge Simoes Barata, el exdirector de Odebrecht en el Perú. La resolución solo señala que se solicitará otra vez la declaración, vía cooperación judicial internacional, de Marcelo Odebrecht, quien ya dijo lo que sabe del tema, y agregó que el único que puede confirmar y tiene los detalles de los supuestos aportes a Keiko Fujimori y otros políticos en el Perú es Barata, quien por cierto suspendió su colaboración con el Perú porque el fiscal Juárez Atoche pidió embargar sus cuentas.
Fuente: HEST
Al comentar la estrategia que debería seguir el Ministerio Público en el caso de Keiko Fujimori, el exfiscal supremo Avelino Guillén subrayó este jueves que la confesión de Barata es clave en la investigación. Sin esa declaración es poco probable corroborar los aportes de Odebrecht a la lideresa de Fuerza Popular.
En un pronunciamiento público, la fiscalía también afirmó esta semana que Juárez investigará el caso de Keiko Fujimori a profundidad, pero el semanario en mención pudo confirmar este fiscal tendrá en sus manos el caso solo por unos días más.
El Ministerio Público evalúa acumular las cuatro investigaciones relacionadas a la excandidata presidencial —los aportes de campaña en 2011, los cocteles del 2016 y la pesquisa por lavado de activos contra Keiko y su esposo Mark Vito Villanella— en un solo expediente, y para ello nombraría un nuevo fiscal. Solo el caso de lavado de activos contra Joaquín Ramírez, exsecretario y financista de Fuerza Popular, en el que está incluida, seguiría en manos de la fiscal Sara Vidal, quien tiene "sólidos elementos" en su investigación.
¿Negligencia, incompetencia o complicidad? Quizá todas las anteriores.
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