Escribe: Maria Florencia Pagliarone
Investigadora CELAG
En los últimos días, el fenómeno de El Niño ha desatado su furia contra las costas de Ecuador y Perú. La inclemencia climática definida como un calentamiento de la superficie de las aguas del Pacífico que afecta principalmente el Sureste Asiático, Australia y Sudamérica se caracteriza por el ingreso de una masa superficial de aguas cálidas en el mar, lo que genera el aumento de la temperatura de la masa de agua e intensas lluvias.
Este tipo de fenómenos climáticos pone a prueba no solo los sistemas de emergencia de los gobiernos, sino también la eficiencia de la planificación y el tan denostado “gasto público”. En uno de sus últimos reportes el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informaba que en Perú ya se contabilizaban 2.739 personas damnificadas, 9.550 afectadas y 70 muertos; además de 353 viviendas colapsadas, 392 inhabitables y 1.813 fuertemente afectadas; a lo que se le suma la afectación de los edificios públicos: 24 escuelas con daños y 2 colegios inhabitables y poblaciones que han quedado incomunicadas: los caminos rurales destruidos suman 40.83 kilómetros y hay otros 115.74 kilómetros afectados, 526.57 kilómetros de carreteras arrasadas y 507.62 kilómetros con daños considerables [1].
Hace tiempo se advertía de las posibles consecuencias que traería este tipo de fenómeno climático. Incluso en 2015 hubo un evento similar donde 6 regiones habían resultado afectadas por huaycos con un saldo de 13 personas fallecidas. Pese a ello, la prevención de riesgos no tuvo avances significativos: la Municipalidad de Lima, hoy asediada por la falta de agua, tenía un presupuesto de 34 millones 217 mil 868 soles que debían ser destinados al rubro “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”. Pero debido a la falta de planificación y al mal uso de los fondos públicos, solo 4 millones fueron utilizados en labores de prevención, destinando el resto al mejoramiento del malecón de la Costa Verde [2]. Así, debido a la cantidad de basura y lodo, los canales de captación de agua han colapsado, dejando sin este líquido vital a la población de la capital. La foto que sigue a continuación muestra a los habitantes de Lima abasteciéndose de agua en las fuentes que se encuentran en los exteriores del Palacio de Gobierno.
Las consecuencias de un Estado ausente durante años y las fallas en la planificación y ejecución de obras hacen que algunas obras como el Puente Solidaridad en el Malecón Checa en San Juan de Lurigancho hayan sido arrastrados por la fuerza del agua. Éste se suma a los otros 28 puentes que han sido destruidos. Además, la falta de planificación urbana ha hecho proliferar asentamientos humanos en sitios de riesgo por los deslaves o la crecida de ríos.
Verónika Mendoza, quien fuera candidata a la presidencia por el Frente Amplio, afirmó en un mensaje en redes sociales que se requiere “una política seria de ordenamiento territorial, de gestión de riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático”, además de “prevenir, planificar y priorizar las inversiones”; algo que en el Perú de las últimas décadas ha estado ausente del plano de la discusión política: “hemos insistido tantas veces con una palabra que la clase política tradicional detesta: PLANIFICACIÓN”[3].
Mientras, el gobierno de Kuczynski promete destinar 800 millones de soles (242,4 millones de dólares) para la atención y reconstrucción de las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque, la población requiere la presencia del presidente en las zonas afectadas para constatar el abandono gubernamental. Hasta el día jueves, el presidente insistía en no declarar la Emergencia Nacional porque no era “necesario”. Con más de 70 muertos, recién en la jornada del sábado, se declaró el estado de emergencia en 15 distritos de Lima y 24 distritos de 7 provincias del departamento de Lima.
ECUADOR
En el caso de Ecuador, 6.000 familias han resultado afectadas por las lluvias. Se registran 15 personas fallecidas, 6.000 viviendas afectadas y 123 destruidas. Sin embargo, las consecuencias del efecto climático han sido aminoradas por las obras públicas de la Revolución Ciudadana. Entre 1982 y 1983, el fenómeno de El Niño produjo pérdidas que superaron los 630 millones de dólares. Más recientemente en 1998, las pérdidas ascendieron a 2.900 millones de dólares.
El gobierno de la Revolución Ciudadana apostó a una inversión de 1.200 millones de dólares destinados a construir seis megaproyectos hídricos localizados en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Cañar. De estos 6,4 están destinados al control de las inundaciones como es el caso de los multipropósitos de Bulubulu, Cañar, Naranjal y Chone. Estas obras evitaron pérdidas de casi cerca 131.000 hectáreas por la crecida de los ríos y más de 330.000 habitantes han resultado beneficiados.
Sin embargo, frente a estas mega obras, la oposición insiste en la crítica hacia el desmedido “gasto público”, sin tener en cuenta que dichas construcciones al final de cuentas permiten ahorrar dinero que luego por la inercia estatal tiene que ser utilizado en procesos de reconstrucción; además que permite salvar vidas humanas.
En Ecuador, la inversión pública en relación al PIB alcanza el 32%, porcentaje inferior a otros países como Suecia (49,1%), Argentina (38%) y Estados Unidos (36%). El trasfondo de la crítica al “gasto público” se vincula al argumento de reducir el Estado para reemplazar la inversión pública por privada y que sea el sector externo y el privado el responsable de la obra pública. El ejemplo de Perú pone sobre la mesa los riesgos.
La nota original puede verse en este enlace.
Foto de cabecera: Inundación en Piura, de RPP.
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