La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA), del Poder Judicial, inició las investigaciones administrativas disciplinarias en contra de los jueces involucrados en polémicos fallos a favor de agresores de mujeres que motivaron rechazo e indignación en la ciudadanía, que se movilizó y organizó en colectivos como #NiUnaMenos, movimiento que el último sábado 13 de agosto convocó a una histórica marcha nacional multitudinaria en contra de la violencia de género.
Panorámica de la apoteósica marcha del sábado 13 de agosto pasado.
La investigación de la OCMA incluye a la presidenta de la Corte Superior de Ayacucho, Tatiana Beatriz Pérez García-Blasquez, por el caso de Cindy Arlette Contreras Bautista, quien fue agredida en un hotel de Ayacucho por su entonces pareja, Adriano Pozo, quien la sacó barata, al parecer, gracias a las conexiones e influencia de su familia en autoridades judiciales de esa región.
Cindy arlette contreras sigue buscando justicia.
La investigación incluye a los magistrados María Elizabeth Pacheco Neyra, Edgar Sauñe de la Cruz y Nazario Ernesto Turpo Coapaza, integrantes del Juzgado Penal Colegiado del Nuevo Código Procesal Penal de Huamanga, por el mismo caso.
Hace unos días, incluso, una de las magistradas de ese tribunal que falló a favor de Adriano Pozo, María Pacheco, esgrimió un argumento insostenible, al señalar que la violencia contra la mujer es "culpa del estrés", lo que revela un nivel preocupante desconocimiento de miembros de la judicatura sobre un drama que viven a diario millones de mujeres en el país
La OCMA también investiga a los jueces Luis Alberto Reynoso Edén, Enrique Aurelio Pardo del Valle y Elizabeth Pilar Huaricancha Natividad, de la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima Norte, por el caso de Lady Guillén, quien fue desfigurada por su entonces pareja Ronny García, quien ahora está libre.
tras su traumática experiencia, Lady guillén se volvió una activista de los derechos de las mujeres.
Estas investigaciones disciplinarias se tramitan bajo el procedimiento establecido en el Reglamento Administrativo Disciplinario y el Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, instancia que suele reaccionar ante la presión mediática, pero pocas veces estos procesos contra malos jueces lleguen a buen puerto.
Lo cierto es que llama también la atención el anuncio de esta investigación, que en realidad no es nuevo, porque ya el 21 de julio pasado, la misma OCMA anunció sendos procesos contra los magistrados en mención. ¿Se avanzó algo en un mes? ¿Por qué se vuelve a anunciar lo mismo sin aportar nada novedoso? Parece que hay mucho ruido y pocas nueces, como se duele decir.
Pero además los de Contreras y Guillén no son los únicos casos. Son los más mediáticos, pero hay muchos otros en que la actuación de fiscales y jueces ha sido deplorable, como el de Milagros Rumiche en Tumbes; o el de Bianca Ruiz, masacrada por su pareja, un fiscal de Puno, quien ya está libre; o el de Patricia Romero, asesinada en Junín, donde policías le dijeron a sus padres, cuando fueron a denunciar su desaparición, que en vano buscan a su hija, porque "seguro que se ha ido con su querido, ya regresará".
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