La última campaña no solo le dejó a Keiko Fujimori una nueva derrota electoral sino también cuentas por aclarar. Y es que hay al menos S/.1.7 millones que ingresaron a las cuentas de Fuerza Popular cuyo origen se desconoce, según la Procuraduría de Lavado de Activos.

Es por esta razón que la representante de esta oficina, Janet Briones, solicitó al fiscal Germán Juárez -sí, el mismo que investiga a Nadine Heredia por lavado de activos- que amplíe la investigación contra la excandidata de Fuerza Popular, cuyo principal financista es su congresista Joaquín Ramírez, investigado desde el 2012 por la DEA debido a su presunto vínculo con la organización del red de narcotráfico del capo peruano Miguel Arévalo Ramírez, 'Eteco'.

Los ingresos que están bajo sospecha son los que se obtuvieron en los famosos cóteles del fujimorismo y a través de la offshore norteamericana LVF Liberty Institute, que representa Juan Carlos Luna, quien solo habría prestado su nombre para conformar la mencionada firma, indica el oficio de la procuradora Briones, del que da cuenta este sábado Perú21.

En la última campaña, el tesorero legal de Fuerza Popular, Luis Alberto Mejía Lecca, aseguró al portal Convoca que su agrupación no revelará los nombres de los asistentes a los cócteles organizados para recaudar fondos "ni ahora ni después".

Fuerza Popular ha mantenido en secreto la lista de los asistentes a sus cócteles en las campañas del 2011 y 2016. El secretismo del fujimorismo se ampara en un vacío legal, ya que el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, solo se establece la obligación de identificación de quienes cubren los gastos operativos de estas actividades 'profondos'. 

En el caso de Liberty Institute, el documento de la Procuraduría de Lavado de Activos señala que –según información de la ONPE desde el 2011 hasta la campaña de 2016– la mencionada firma habría aportado casi medio millón de soles. Y en este caso también el fujimorismo saca ventaja de un vació legal para no identificar a las personas que donaron dinero a su campaña a través la referida off shore.

Además, el oficio señala que la procuraduría de Lavado de Activos solicitó a las autoridades de Delawere, vía cooperación judicial internacional, que brinden información acerca de los titulares y/o administradores de la corporación LVF Liberty Institute, así como las cuentas bancarias que estuvieran registradas a nombre de dicha firma.

La procuradora Briones también pidió que se investigue la compra de dos terrenos en Chilca, por S/617,329, teniendo en cuenta que la empresa MVV Bienes Raíces SAC, que representa el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, tiene un patrimonio de apenas S/1 mil.

Con esos argumentos, la defensora del Estado solicitó al fiscal Germán Juárez - a cargo de la investigación de los aportes para la campaña del 2016 del fujimorismo- que exija a la 26° Fiscalía Provincial Penal de Lima -que indaga los aportes entre el 2010 y 2014- que acumule la investigación preliminar contra Keiko Fujimori.

"El partido está siendo investigado desde hace mucho tiempo y hasta el momento no encuentran nada irregular. Todos los fondos fueron reportados oportunamente ante la ONPE", dijo al respecto el legislador Pedro Spadaro consultado por Perú21, aunque olvida mencionar que se ampararon en vacíos legales para no identificar a muchos de sus aportantes. Spadaro sostuvo que la investigación contra Keiko Fujimori tiene "tiente político".

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