El 30 de octubre del año pasado, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y el ministro de Economía, Alonso Segura, salieron del despacho municipal en el que estaban reunidos mostrando amplias sonrisas para recibir a la prensa. Luego de unos días en donde se dijeron de todo, habían llegado a un acuerdo.
Foto: Perú 21
¿Por qué se armó todo ese lío? El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declaró nulos los siete contratos de los concesionarios de los corredores Javier Prado y Arequipa que conforman la Reforma de Transporte. El 20 de enero del 2014, durante la gestión de Susana Villarán, esta reforma había comenzado su fase operativa, ya que el municipio de Lima otorgó la buena pro a los consorcios que participaron en la licitación pública (Nº001-2012) para 38 de los 49 paquetes disponibles en los corredores viales.
El proceso se realizó bajo la normativa vigente en ese entonces: el Decreto Legislativo 1012, conocido como la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP). Sin embargo, dos meses después de las adjudicaciones referidas, se modificó esa norma a través de su reglamento. El cambio establecía la nulidad de cualquier contrato de concesión que no hubiera sido revisado por el MEF. Gustavo Guerra García, ex-presidente de Protransporte, denunció que este ministerio aplicó la ley de forma retroactiva.
¿Y a qué acuerdo llegaron, entonces? Acordaron hacer valer un número de exigencias para corregir ciertos contratos de las concesiones como requisito para que estas continúen. Este es el punto de inflexión de todo el lío que nos reúne ahora, que se parece mucho al de hace algunos meses, pero con la importante diferencia de que ahora la Municipalidad se ha alineado con las exigencias del MEF. Hasta se podría decir más que el ministerio mismo. También vale acotar que cada parte de esta historia viene con una mentira de la Municipalidad de regalo.
1.- El jueves pasado, Raúl Fernandez, de Protransporte, anunció que el MEF regularizó 18 de los 24 contratos de los cinco ejes viales. Los otros 6, mientras tanto, pertenecen a los tres consorcios que se negaron a firmar las adendas de los acuerdo de octubre, y por lo tanto, señaló que sus contratos quedaron nulos. Por lo tanto, ese mismo sábado estos dejaron de funcionar, forzando el retiro de 50 buses y el despido de 400 choferes que estaban en planilla.
La empresa agraviada señaló que más bien fue el viernes cuando el alcalde Castañeda canceló los certificados de sus conductores, así como los permisos de circulación de sus 133 buses, que brindaron servicios hasta el mismo día.
Mientras -como consecuencia del retiro de estas unidades- empezaban a aparecer reportes de pasajeros esperando hasta 15 minutos para subirse a buses repletos, Alonso Segura aclaró que la decisión de anular contratos no es de su competencia sino de la Municipalidad de Lima, pese a que esta última señaló en un comunicado que fue el MEF quien ordenó la nulidad de los mismos.
Esta es la primera mentira de la gestión de Castañeda, que no tuvo más que reconocer y cambiar en el camino su versión de la historia. "En ningún momento hemos dicho que es responsabilidad del MEF lo ocurrido, por el contrario, lo que estamos diciendo es que se tiene que cumplir las normas. Lo que dice la ley es que todos los contratos de inversión público-privada que hacen los gobiernos regionales tienen que pasar por visto bueno del MEF, cosa que no cumplió la gestión anterior", dijo un representante de la Municipalidad a América TV.
2.- Fernández anunció que la administración de los corredores será asumida temporalmente por los otros consorcios que sí cumplen con las exigencias del MEF. Como muestra en este post el bloguero Pablo Molina, las lineas encargadas de las rutas del corredor Javier Prado son nada más y nada menos que las empresas Consorcio Vía SAC y Consorcio de Transporte ADONAI SAC. Quienes ni siquiera tienen licencia en Lima (han hecho la ya clásica jugada de los informales de ser aprobadas en el Callao para transitar en toda la capital) y que utilizaban los espacios y las formas planeadas para el transporte formal.
Como se puede ver en esta foto, estos buses llevan con todo desparpajo un cartel donde se indica que está cubriendo la ruta troncal 201 en el frente y reciben el apoyo de los propios supervisores de transporte vestidos con polos y gorras amarillas. ¿Estos son los consorcios que sí cumplen las exigencias del MEF a los que se refería Fernández?:
Foto: Pablo Molina
Sobre esto último la Municipalidad aún no se manifiesta (los seguimos esperando) pero en cuanto a las quejas de las demoras y la falta de buses para la demanda generadas por el mal manejo de la anulación de estos contratos sí. La directora de Protransporte, Roxana Rocha explicó que esta medida buscaba proteger a los usuarios de un incremento en las tarifas. Las adendas firmadas por los consorcios y el MEF permiten establecer, gracias a una fórmula económica, un tope en el pago de las tarifas. Señaló que sin este, el costo del pasaje podría llegar hasta a S/6.80.
3.- Emilio Cillóniz, director de EcoExpress Javier Prado, respondió las acusaciones de Protransporte y afirmó que pretenden hacer firmar a la empresa una adenda que rompe el equilibrio económico del contrato con una norma aprobada luego de la firma de este acuerdo, tal como declaró Gustavo Guerra García meses atrás. Sus razones las explica mejor en este video:
El representante del consorcio ya ha anunciado que iniciarán un proceso legal contra la Municipalidad de Lima para evitar la nulidad del contrato.
Mientras todo este desorden y esta ola de explicaciones y desmentidas de parte de la Municipalidad sigue desacreditándolos, nos preguntamos, (igual que Arturo Maldonado) ¿Dónde está nuestro alcalde? Para la inauguración de la obra, ahí sí lo vemos con su casco de ingeniero. Para la explicación de los problemas, en cambio, quienes salen a dar la cara son funcionarios de segundo nivel.
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