La Municipalidad de Lima y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) están enfrentados por los 5 corredores complementarios al Metropolitano y al Metro de Lima que están en implementación, luego de que el último 21 de octubre el sector que dirige el ministro Alonso Segura declarara nulos los siete contratos de estos ejes viales. 

Aquí las cinco claves para entender esta controversia, que pone en riesgo la reforma del transporte, debido a que las buenas pro tendrían que volver a darse y el proceso de reanudaría:

1. ¿Por qué el MEF declaró nulos los contratos?

El viceministro de Economía, Enzo Defilippi, explicó que la comuna de Lima no solicitó la opinión favorable de su sector antes de adjudicar los mencionados contratos de concesión, como lo señala la ley. El MEF viene advirtiendo desde noviembre de 2014 -cuando aún estaba en el palacio edil Susana Villarán- de esta irregularidad sin que se corriga.

El ministro de Economía, Alonso Segura, señaló que su sector no se opone a la reforma del transporte, pero anotó que esta debe hacerse cumpliendo la ley.  Agregó que el MEF ha venido apoyando a la Municipalidad de Lima, y que incluso le notificó e informó en reuniones de trabajo sobre las observaciones.

Segura subrayó que su portafolio detectó que las obras que el municipio limeño considera autosostenibles -como la del by pass en la Avenida28 de julio (en el Cercado de Lima) y el Puente Bella Unión (en el distrito de San Martín de Porres)- en realidad van a ser pagadas por todos los peruanos durante su mantenimiento y operación.

2. ¿Cuál es la postura del Municipalidad de Lima?

El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, señaló que dicho sector se está inmiscuyendo en las tareas del municipio y que está tratando de sabotear la reforma de transporte. Agregó que el sector Economía sí tenía conocimiento de los contratos porque en el primer trimestre de este año los solicitó.

El Tribunal Constitucional (TC) -instancia a la que llevará esta controversia la administración edil- definirá si son válidos o no los contratos firmados para los corredores Tacna-Garcilaso-Arequipa y Javier Prado-La Marina-Faucett (los únicos de los cinco que ahora funcionan). Mientras el órgano constitucional no resuelva, la reforma de transporte no se detendrá, dijo el burgomaestre.

La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán coincidió con Castañeda y calificó al Ministerio de Economía como el principal enemigo de la inversión privada en el Perú, al acusarlo de traerse abajo el proyecto que empezó en su gestión.

3. ¿Cuál es el origen del conflicto?

El 20 de enero de 2014, durante la gestión de Villarán, el municipio de Lima otorgó la buena pro a los consorcios que participaron en la licitación pública (Nº001-2012) para 38 de los 49 paquetes disponibles en los corredores viales. El proceso se realizó bajo la normativa vigente en ese entonces: el Decreto Legislativo 1012, conocida como la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP).

Sin embargo, dos meses después de las adjudicaciones referidas, se modificó esa norma, a través de su reglamento. El cambio establecía la nulidad de cualquier contrato de concesión que no hubiera sido revisado por el MEF.

4. ¿Quién tiene la razón en esta controversia?

El ex presidente de Protransporte Gustavo Guerra García sostiene que el MEF está aplicando la ley de forma retroactiva, por lo que la comuna de Lima tiene la razón. Explicó que las rutas fueron adjudicadas en enero del 2014, antes de que se aprobara el cambio de la llamada Ley de APP.

Pero el MEF sostiene que la modifición sí afecta el proceso de adjudicación, porque si bien la buena pro de dio en enero, los contratos para operar las rutas de los corredores complementarios se firmaron entre julio y diciembre del 2014, cuando ya estaba vigente la modificacion, que rige desde marzo de ese año.

5. ¿Qué puede ocurrir ahora?

Si el TC emite un fallo desfavorable al municipio limeño y confirma la nulidad de los contratos ya firmados, la reforma del transporte retrocedería hasta el punto previo a la adjudicación de las buenas pro a los consorcios, proceso que duró tres años. O sea, implicaría una nueva licitación.

"Los errores del Estado no pueden perjudicar a los inversionistas. Hay celo entendible del MEF, pero debería penalizar y sancionar a quienes cometieron una falta, no anular todo el proceso", dijo el experto en gestión pública Sergio Bravo.

La otra salida -que parece la más sensata- es el diálogo. Porque el MEF y la Municipalidad de Lima pueden llegar a una solución que ponga fin al impasse. Ya ocurrió antes con el bay pass de 28 de julio. 

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