Satisfechos con la mayoría estable que creen haber logrado en el Congreso al haber aprobado la vuelta del Senado y la reelección parlamentaria, los ideólogos de la derecha preparan un nuevo paso en su contrarreforma política que les asegure capturar todo el poder en las elecciones del 26. No les importa haber arrasado con la Constitución que defendían para intervenir la JNJ, y la próxima defenestración de los fiscales supremos. No les importa haber hecho el ridículo internacional. No les importa el rechazo multitudinario de las encuestas. No les importa acabar con la paciencia de los de abajo. Les importa durar, sobrevivir, esperar, confiados en su aparato de inteligencia y en su control del monopolio audiovisual que dosifica la información de masas. Se apresuran a festejar un revival de los 90, porque confían que todas las investigaciones o juicios por las coimas de Odebrecht se caerán o serán sobreseídos.

Uno de los ejes para asegurar su victoria electoral de antemano será la reforma de la Ley de Organizaciones Políticas para santificar lo que estaba y está prohibido: que las empresas financien campañas electorales. Es evidente que los que ponen la plata del candidato, una vez que sea elegido le pedirán la devolución del favor proponiendo o aprobando leyes que favorezcan los negocios de sus mecenas. Ya se ha visto en el caso de los contrato-leyes, tragamonedas, universidades-combi o de la minería del oro aluvial. Es una tendencia continental que el Estado controle más el financiamiento de la política para hacerla menos vulnerable a la corrupción. Pero lo que proponen es, justamente, lo contrario: abrir las compuertas para la compraventa de candidaturas. Si logran dar paso al financiamiento privado sin control, en la próxima campaña veremos fluir la plata como cancha de las grandes empresas en las televisoras (seguro que modificarán también el artículo constitucional que impide la propaganda televisiva), de manera que los videoelectores (asustados y ablandados por el martillo de la crónica roja matutina) voten por los Bukeles o los más vistos en la tele. Podría ser una reedición de la campaña del verano de 1990.

El otro eje es más sutil pues sólo los especialistas lo conocen y entienden. Se trata de proponer un nuevo diseño de los distritos electorales para las elecciones parlamentarias, olvidando que ya en el 2018 el Vice ministro de Gobernanza Territorial de la PCM de Vizcarra hizo una propuesta de ley que fracasó.

La democracia moderna combina dos criterios para la representación en el Poder Legislativo: la representación poblacional y la representación territorial. Así, mediante el primer criterio, en la cámara baja, por ejemplo, se elige a los legisladores tomando en cuenta la cantidad de electores por distrito electoral, esto es, a más electores más diputados. En cambio, en el Senado la representación territorial es igualitaria para todos. Se supone que los distritos electorales de la Cámara de Diputados serán más o menos de la misma magnitud de electores, para elegir igual cantidad de representantes. No es lógico que un diputado represente a medio millón de electores, mientras el de al lado represente a dos millones. Así no funciona la democracia representativa.

Ahora tenemos 27 distritos electorales, uno por departamento, Callao, Lima Metropolitana, más el de los peruanos en el exterior. Todos tienen una representación desigual, que va en -relativa- proporción a la cantidad de electores. Así, hay uno uninominal -es decir con un solo congresista- como Madre de Dios, pasando por nueve binominales (con dos congresistas: Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco Tacna, Tumbes, Ucayali y el de Residentes en el Extranjero); otros 16 entre tres y siete curules y un megadistrito plurinominal que es Lima Metropolitana con 34 congresistas.

Algunos han propuesto borrar las fronteras departamentales y convertir los 26 distritos electorales plurinominales en 129 uninominales para la futura Cámara de Diputados, es decir, que elijan cada uno a un solo representante, como se hace ahora en Madre de Dios. Dizque así se aseguraría el acercamiento del elegido a sus electores y aumentaría el control de ellos sobre el congresista. Otros dicen que debe mantenerse la cantidad de parlamentarios asignada actualmente a cada distrito electoral, pero al de Áncash, por ejemplo, subdividirlo en cinco distritos uninominales como serían Chimbote, Huaraz, Costa, Callejón de Huaylas y Callejón de Conchucos. Y en el caso de Lima, subdividirla en 34 distritos de igual cantidad de electores.

Esta propuesta libresca –“arquitectura institucional” le llaman los doctores - no toma en cuenta nuestra realidad. Los distritos uninominales funcionan en sociedades más o menos homogéneas y con regímenes políticos sólidos, dos requisitos fundamentales que, justamente, el Perú no exhibe. El segundo problema es que, al elegir un solo representante, la minoría o minorías se quedan sin representación y, por tanto, se tiende a crear o reforzar un sistema de sólo dos partidos, reacio a la renovación. Un tercer problema es que en este esquema las poblaciones rurales que ya viven marginadas de la representación política, quedarían definitivamente fuera de juego. ¿Esta sería la solución a la prolongada crisis política peruana? ¿Se puede creer que una reforma en el papel puede traer la renovación del sistema político peruano? El remedio que se propone frente a los congresistas tránsfugas, incapaces y mochasueldos, son diputados individualistas que compitan por un asiento por distrito y se agencien su financiamiento. Es decir, sin ideas ni programas y sin lealtades, más que a sus financistas.

Pero lo más grave es que uno de los estrategas está proponiendo recurrir al “gerrymandering pro modelo democrático” para dibujar los 129 distritos electorales uninominales. Esto en la jerga de los politólogos, significa una maniobra manipuladora previa en el agrupamiento de los electores, que asegure ganar en las elecciones. Un buen resumen de su significado se encuentra en Wikipedia: “Maniobra practicada por Elbridge Gerry, quien en 1812, preocupado porque su partido no lograba la victoria en los distritos del norte y el oeste de Massachussets, decidió unificar todos esos distritos en uno solo, que de ese modo obtendrían menos escaños en la legislatura. El nuevo mapa electoral tenía la forma de una salamandra (en inglés: salamander), a la que pusieron por nombre Gerry-mander.”

Pero a los arquitectos de la futura victoria napoleónica se les olvida que este es un país con una “desbordante sociedad popular”, un pueblo chúcaro y una clase media que, de pronto sorprenden y ponen millones en la calle y le quitan la sonrisa al más duro estratega. Olvidan, además, que los oportunistas y qualquieristas (como dicen los italianos) abundan y serán decenas los vientres de alquiler que ofrezcan rebajas y combos por un par de candidaturas. De ninguna manera su redistritalización y sus millones son garantía de que ignaros y corruptos no lleguen al parlamento bajo banderas insospechables de “técnicos invitados”. Por último, pasan por alto que, por más que se pongan roncos, y aparezcan muchas veces en la tele, no hay voces de mando en esa mayoría congresal, con tantos matices como la bandera de siete colores que tanto odian. Al no haber un estado mayor, no habrá candidatura que encante, por lo que buscan desesperadamente sacar hasta los payasos y reinas de bellezas, a ver si así, el respetable atraca.


[Foto de portada: Firma de la autógrafa de ley que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú]


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