Como parte de la investigación por la fatal represión contra las protestas en Cusco, el Poder Judicial ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Joe Erik Torres Lovón. Esta decisión, tomada el 5 de enero de 2024, responde a la acusación de homicidio en agravio del estudiante de gastronomía Rosalino Flores, quien falleció tras recibir más de 30 impactos de perdigón en el contexto de las manifestaciones contra el régimen de la presidenta Dina Boluarte.
El juez Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, atendió la solicitud de la Fiscalía, que encontró elementos vinculantes entre Torres Lovón y el asesinato del joven. La medida de detención preventiva busca asegurar la presencia del acusado en el proceso judicial y mitigar riesgos de fuga o de obstrucción a la justicia. Sin embargo, se ha emitido una orden de búsqueda y captura, ya que el policía se encuentra actualmente no habido.
El caso de Rosalino Flores ha sido emblemático en las protestas de Cusco, donde la violencia policial resultó en 17 lesionados por perdigones, un herido por un proyectil no identificado y una víctima mortal a causa de un disparo en el tórax. Rosalino, de 22 años, falleció en marzo de 2023 después de sufrir graves heridas por 36 disparos de perdigones en la espalda, que le perforaron órganos vitales.
Este incidente se suma a los 40 fallecimientos a nivel nacional relacionados con enfrentamientos entre civiles y elementos de seguridad estatales. La muerte de Rosalino Flores, en particular, ha resaltado la problemática del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
El juez Ayala enfatizó en su dictamen que ningún miembro de la Policía Nacional debe acatar órdenes que violen los derechos humanos de las personas, subrayando la responsabilidad de los efectivos de seguridad en el cumplimiento de los derechos fundamentales.
Este caso representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia durante las protestas en Perú y pone de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en contextos de manifestaciones sociales.
[Foto de portada: ATV]
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