El Poder Judicial de Perú está evaluando la posibilidad de imponer un impedimento de salida del país contra un coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), en relación con la muerte de un estudiante durante las recientes protestas en el país. El próximo lunes 22 de enero de 2024, el Poder Judicial de Perú procederá a evaluar la solicitud de la Fiscalía de aplicar medidas restrictivas y prohibición de salida del país al Coronel Edson Cerrón Lazo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta medida se solicita en relación con la muerte de Rosalino Florez Valverde, ocurrida durante las protestas antigubernamentales de enero de 2023 en Cusco.
La audiencia, calificada como "presencial e inaplazable" por el juez Leodan Cristóbal Ayala, se realizará en la sede de la Corte Superior Nacional, situada en la cuadra 07 de Prolongación Tacna, en el Cercado de Lima. Se espera la asistencia de todas las partes implicadas en el caso.
Durante la audiencia, se examinará la petición presentada por el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales. Esta petición busca imponer un mandato de comparecencia con restricciones al Coronel Cerrón Lazo, quien en ese momento era el Jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la PNP en Cusco. Cerrón Lazo enfrenta una investigación preparatoria como presunto responsable por omisión del delito de homicidio calificado por alevosía, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
Esta medida cautelar se considera en un contexto de creciente preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones.
Recientemente, el Ministerio Público anunció que está evaluando acciones legales contra una normativa que otorga más poder a la policía, lo que ha generado un debate sobre la justicia y la responsabilidad en el manejo de las protestas. En este contexto, figuras públicas como Santiago Magill y Mario Colán han expresado su preocupación por la situación de justicia en Perú, destacando la indiferencia y el intento de minimizar los hechos trágicos ocurridos durante las protestas.
Magill, en su participación en La Mula TV, enfatizó la percepción de que la justicia en el país está siendo robada, mientras que Colán denunció una estructura de poder que, según él, está diseñada para asegurar el triunfo de Keiko Fujimori en las próximas elecciones presidenciales, incluso a costa de vidas humanas. Estas declaraciones resaltan la preocupación por la manipulación política y la violencia que se están utilizando para alterar el curso democrático del país.
La situación actual en Perú, marcada por la violencia en las protestas y las acusaciones de abuso de poder, plantea serias preguntas sobre la justicia, la democracia y los derechos humanos en el país. La comunidad internacional y los ciudadanos peruanos siguen de cerca estos desarrollos, esperando que se tomen medidas para garantizar la justicia y la rendición de cuentas.
[Foto de portada: Reuters]
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