El reciente escándalo de corrupción en la Policía Nacional del Perú (PNP), especialmente en su División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Divmctid) en Loreto, ha puesto bajo la lupa la políticas sobre drogas en el país. Según un informe de El Comercio, altos mandos de la PNP se vieron involucrados en una red de corrupción relacionada con el narcotráfico.
Entre los implicados se encuentra el suboficial José Ríos Dávila, quien fue detenido por presuntamente compartir información confidencial con mafias en la Triple Frontera (Perú, Colombia y Brasil). Un informe secreto de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP, recibido por el comandante general Jorge Angulo, implicaba a varios oficiales y suboficiales, incluyendo al exjefe de la Dirandro, general Deny Rodríguez Bardales, en actividades ilícitas.
El Ministerio Público, liderado por el fiscal antidrogas de Loreto, Luis Paz de la Cruz, y un equipo especial de fiscales en Lima, amplió las investigaciones sobre la corrupción en la Divmctid. Las investigaciones se centraron en casos como Los Finos de Castilla, Frontera Libre y Fariña, que involucraban a agentes antinarcóticos.
El fiscal superior Daniel Jara autorizó la formación de un equipo de fiscales para corroborar la información sobre los agentes implicados. Kelinda Janampa y Jorge Camargo, entre otros fiscales, se unieron a la investigación, colaborando con unidades policiales especializadas y la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, la Dirección contra la Corrupción y la División de Investigaciones de Alta Complejidad.
El objetivo era confirmar el supuesto favorecimiento de efectivos al narcotráfico y identificar a otros policías involucrados. La colaboración del suboficial Ríos se consideró clave en las investigaciones.
El general Rodríguez, aunque negó las acusaciones y señaló que la Inspectoría General de la PNP no encontró responsabilidad en su caso, fue pasado al retiro a fines de 2023. Otros oficiales mencionados en el informe de la Dirin, como el coronel Vic Cárdenas del Pino y el coronel Richard Noriega Sevillano, también enfrentaron investigaciones y cuestionamientos.
Al respecto, el exministro del Interior Rubén Vargas comentó a El Comercio sobre la 'narcocorrupción' en la PNP, destacando la dificultad de investigar estos casos debido a la precariedad institucional y la infiltración del narcotráfico en instituciones clave como la Policía Nacional.
Esta revelación surge en un contexto donde el Poder Judicial ha ordenado prisión preventiva para cuatro policías por tráfico ilícito de drogas. En abril del 2023, los procesados habrían intervenido a un sujeto que se desplazaba a pie por la avenida Ucayali, en el distrito de Mi Perú, Callao. Al llegar a la dependencia policial, la representante del Ministerio Público sostuvo una entrevista con el intervenido, que le manifestó que su intervención fue realizada en la jurisdicción de Puente Piedra y en otras circunstancias. Lo que produjo que la Fiscalía Antidrogas realice una investigación reservada. El intervenido habría sido víctima de los policías, quienes le "sembraron" cuatro kilogramos de cannabis sativa, planta medicinal popularmente conocida como "marihuana".
Paralelamente, la situación de los pacientes de cannabis en Perú, reportada por LaMula.pe, refleja una paradoja legal. Mientras altos mandos policiales son investigados por nexos con el narcotráfico, pacientes que buscan alivio en el cannabis enfrentan criminalización y desafíos legales.
El caso de Rodríguez Bardales y otros oficiales subraya la necesidad de una reforma profunda en la PNP y en la política de drogas del país. La lucha contra el narcotráfico se ve socavada por la corrupción interna, mientras que ciudadanos que buscan tratamientos alternativos legales se encuentran en un limbo jurídico.
Este escándalo plantea serias preguntas sobre la eficacia y la integridad de las fuerzas encargadas de combatir el narcotráfico en Perú. La sociedad peruana espera respuestas y acciones concretas para restaurar la confianza en sus instituciones y garantizar un enfoque justo y equitativo en la política de drogas.
[Foto de portada: Andina]
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