El año 2023 ha marcado un punto de inflexión para la comunidad de pacientes y cultivadores de cannabis para uso medicinal en Perú. La implementación del reglamento que permite la producción artesanal con cultivo asociativo prometía un avance significativo en el acceso a esta milenaria planta medicinal. Sin embargo, la realidad ha sido más compleja, con la informalidad y la criminalización aún presentes.
Más de 45,100 pacientes en Perú, afectados por más de 30 enfermedades crónicas, están inscritos en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis (RENPUC). A pesar de esto, un 72% nunca ha adquirido productos de establecimientos licenciados, lo que indica una alta tasa de informalidad e ilegalidad en el sector. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud (Minsa) ha otorgado solo una licencia de cultivo a un laboratorio farmacéutico, dejando a las asociaciones de pacientes y cultivadores en un limbo legal.
El 2023 también ha sido testigo de la continua criminalización de pacientes y cultivadores. Casos como el de una paciente encarcelada por autocultivo resaltan la paradoja legal en la que se encuentran muchos usuarios de cannabis.
Durante el año, se han llevado a cabo nueve reuniones entre asociaciones de pacientes, cultivadores y representantes del Estado, incluyendo la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) del Ministerio del Interior (Mininter) y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud (Minsa). Estos encuentros han sido fundamentales para abordar los desafíos y buscar soluciones. Sin embargo, la falta de acción concreta por parte de las municipalidades sigue siendo un problema.
A pesar de los esfuerzos de las asociaciones de pacientes, que entregaron al Minsa sus observaciones y propuestas para mejorar el proyecto de cultivo asociativo, la respuesta del Estado fue insuficiente. La falta de una política coherente y de un diálogo constructivo ha llevado a una situación donde el objetivo de la Ley 31312, que era formalizar los cultivos domésticos y caseros, está lejos de cumplirse.
El nuevo Reglamento, que pretendía formalizar los cultivos de las asociaciones de producción artesanal, ha encontrado un escollo en las municipalidades. Como reporta Sativa Info, muchas municipalidades están obstaculizando el proceso de formalización al negar las licencias de funcionamiento necesarias para que las asociaciones cannábicas soliciten el certificado de seguridad a la DIRANDRO de la PNP y, con ello, puedan solicitar al Ministerio de Salud (Minsa) la Licencia de Producción Artesanal con Cultivo Asociativo (LPA).
Asociaciones emblemáticas como 'Buscando Esperanza' y 'Mi Esperanza Brota de la Tierra', lideradas por Ana Álvarez y Ayde Farfán, madres que han luchado por el cultivo doméstico, se encuentran fuera de la regulación actual, ya que las municipalidades no están permitiendo el cultivo en zonas residenciales.
Con ello, se está desviando el propósito original de la Ley 31312, que fue propuesta para regular los cultivos caseros o domésticos y permitir que los pacientes, especialmente los de menores recursos económicos, tengan acceso directo a la medicina natural, sin depender de la industria farmacéutica.
Este problema burocrático no solo pone en riesgo la viabilidad del cultivo asociativo, sino que también perpetúa la informalidad y la criminalización de pacientes y cultivadores. Como se ha documentado en varios casos, la falta de un marco legal claro y accesible ha llevado a situaciones donde pacientes que cultivan cannabis para su uso personal han enfrentado procesos judiciales y criminalización, como reportamos anteriormente en LaMula.pe.
Durante la última reunión, realizada el 22 de diciembre en el local de la DIGEMID en San Miguel, Lima, se discutió la posibilidad de que algunas asociaciones se vean forzadas a registrar actividades distintas a las de cultivo para cumplir con el requisito de la licencia municipal. Esta situación pone en riesgo la seguridad de las plantas medicinales y la salud de los pacientes, al exponer a los cultivadores a la posibilidad de ser criminalizados.
Representantes de las asociaciones, destacaron la importancia de garantizar la seguridad y continuidad de las asociaciones mientras obtienen los permisos necesarios. Propusieron la creación de un registro de asociaciones en proceso de formalización, aunque representantes de la DIGEMID indicaron que modificar el RENPUC para incluir un espacio donde los pacientes puedan indicar su afiliación a una asociación sería más viable.
Luis Gavancho Salvatierra, cultivador de la Asociación Ámbar, destacó la diversidad en tipos de cultivo y producción, y señaló la preocupación por los riesgos que implica mudar la asociación y transportar las plantas en un contexto de creciente delincuencia. Esta asociación enfrenta dificultades para obtener una licencia municipal debido a su ubicación en una zona residencial.
Un caso similar es el de la Asociación El Jardín de María José, presidida por Sergio Castañeda Landi. El cultivador contó que tuvo que mudar su taller y destruir las plantas que tenía, ya que el municipio le respondió que no podía otorgarle ninguna licencia para cultivar plantas. Actualmente, se encuentra en una zona rural fuera de Lima Metropolitana, pero tampoco ha obtenido resultados favorables: ha recibido tres visitas municipales y al final le dijeron que tenía que conseguir una reunión con el alcalde para convencerlo de firmar el permiso. Resaltó el temor de los funcionarios municipales para aprobar licencias a asociaciones cannábicas.
La química farmacéutica Yisela Vargas Correa, del Equipo de Productos Controlados de la DIGEMID, subrayó la urgencia de capacitar a los funcionarios municipales, dada su falta de información sobre temas relacionados con el cannabis. Paralelamente, Carlos Minaya Basilio, de la Dirección de Control de Drogas y Cultivos Ilegales, se comprometió a iniciar gestiones con el Mininter y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que las municipalidades incluyan un giro de negocio correspondiente a la actividad de las asociaciones cannábicas.
Este encuentro marca un paso importante en el diálogo entre las asociaciones cannábicas y el Estado peruano, aunque aún quedan desafíos significativos por superar.
En este contexto, el papel de las municipalidades es crucial. Su negativa a otorgar licencias de funcionamiento no solo va en contra del espíritu de la ley, sino que también ignora las necesidades reales de los pacientes que dependen del cannabis. Es imperativo que las municipalidades reconozcan la importancia de su rol en este proceso y actúen en consecuencia para facilitar la formalización de estos cultivos. De lo contrario, se va a seguir impulsando, tanto a pacientes, como médicos tratantes, a abastecerse y dispensar productos del mercado ilegal, perjudicando a la sociedad y al Estado.
Es hora de que el Estado peruano cumpla con su compromiso de garantizar el acceso seguro y controlado al cannabis para uso medicinal. Esto solo puede lograrse con la colaboración y el apoyo de todas las entidades involucradas, incluidas las municipalidades. Las asociaciones de pacientes y cultivadores continúan su lucha para superar este último gran obstáculo y lograr una regulación justa y efectiva del cannabis medicinal en Perú.
El 2023 ha sido un año de lucha y aprendizaje para la comunidad de cannabis en Perú. A pesar de los avances, el camino hacia una implementación efectiva de la Ley 31312 sigue siendo desafiante. El 2024 será decisivo para superar el último obstáculo y garantizar el acceso a esta planta medicinal que ha demostrado beneficiar a la salud de miles de pacientes en Perú y no representa un peligro para la salud pública, como aún se considera en el Código Penal.
Datos relevantes:
- Más de 45,000 pacientes registrados en RENPUC.
- Más del 72% accede de manera insegura, no comprando en establecimientos con licencia.
- Solo una licencia de cultivo otorgada, dejando al 99% de cultivadores y productores artesanales expuestos a denuncias penales.
- Solo el 0.2% de farmacias/boticas con licencia venden cannabis.
- Más de 38 enfermedades/diagnósticos tratados con cannabis según estadística del MINSA.
- Ningún reporte de efectos adversos graves en estos 6 años desde la primera ley.
- Más de 20 cartas enviadas al Ejecutivo y más de 16 reuniones con el Estado.
* Como Jorge Paucar Albino, soy no solo el redactor de este informe especial para LaMula.pe, sino también un miembro activo de la comunidad de pacientes de cannabis medicinal en Perú. Soy miembro fundador de la Asociación de Pacientes de Cannabis Ámbar, creador de Sativa Info y cuento con especialización en Políticas Públicas de Salud en la Escuela de Gobierno de la PUCP.
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