Hay consenso sobre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en Perú. Tras el reporte de Human Rights Watch (HRW), que denunció "abusos brutales" de las fuerzas estatales contra la población civil, este martes, se hizo público el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de derechos humanos en el país.
La CIDH recordó que, desde el 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente y Keiko Fujimori ejercía oposición a través de su bancada Fuerza Popular (FP), "el Perú ha atravesado por varias crisis de institucionalidad democrática".
"Estas crisis político-institucionales han ocasionado diferentes impactos en la situación de derechos humanos de toda la población, debilitado la confianza ciudadana en las instituciones y obstaculizado la gobernabilidad del país. Dichas crisis se han dado en medio de fuertes enfrentamientos entre los poderes públicos, como consecuencia de los cuales el país ha tenido 6 presidentes y 3 congresos en 7 años, así como períodos de intensas protestas sociales", señaló la Comisión.
La CIDH precisó que el marco temporal de su informe es sobre los hechos sucedidos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023. Durante este tiempo, señaló, "se registraron situaciones de violencia que no están protegidas por el derecho a la protesta y que no eximen la responsabilidad del Estado respecto a las violaciones de derechos humanos".
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La Comisión observó que "la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos".
"En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza", se lee en las conclusiones del informe.
La CIDH consideró el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Estos hechos, señaló, deben ser investigados, juzgados y sancionados.
"En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre", denunció.
En el caso de Juliaca, la CIDH observó que en esa ciudad se habrían presentado "situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas". La Comisión precisó que esto se dio en el marco de una "compleja situación violenta, que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos, como avellanas".
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Además, la CIDH señaló una "fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” o “indios”, entre otras formas despectivas" en el debate público que está deteriorado.
"Estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población", señaló.
La Comisión resaltó que "las graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos".
"Además, deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso. De encontrarse responsables, las personas perpetradoras deben ser sujetas a las sanciones penales correspondientes. Las víctimas de violaciones de derechos humanas deben ser reparadas de manera integral", señaló.
Para la CIDH, la superación de la crisis en Perú requiere de un diálogo efectivo y de acuerdos en el marco del Estado de Derecho.
"El diálogo debe ser amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados. Asimismo, se deben adoptar medidas dirigidas a fortalecer la institucionalidad democrática", recomendó.
La CIDH emite su informe sobre la situación de derechos humanos en Perú en virtud del mandato conferido por el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que establece como función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, estimular la conciencia de los derechos humanos de los pueblos de América, preparar estudios e informes, y formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los Estados miembros.
El informe completo aquí:
[Foto de portada: Reuters / Stringer]
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