Por el violento y cuestionado operativo policial en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) el último sábado 21 de enero, el Ministerio Público (MP) ha abierto investigación preliminar contra el actual ministro del Interior, Vicente Romero.
A través de sus redes sociales, el MP informó que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha abierto investigaión preliminar contra Romero "como presunto autor del delito de omisión de actos funcionales, en agravio del Estado, debido a los hechos ocurridos en las instalaciones de la UNMSM el 21 de enero".
Como se recuerda, la mañana de ese sábado, un contingente policial, armado y con tanquetas, ingresó al campus de la UNMSM, rompió la puerta de ingreso y, sin presencia de fiscal y sin que se les explique el motivo, detuvo a estudiantes residentes y a ciudadanos de otras regiones del país, a quienes llevó a la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).
Según denunció la abogada Renata Bregaglio, las personas detenidas fueron intervenidas fueron obligadas a tirarse al piso y agredidas con insultos racistas.
Finalmente, las 192 personas quedaron en libertad, aunque acusadas del presunto delito de usurpación agravada, y solo una quedó detenida por tener requisitoria.
Este grupo de ciudadanos de regiones del Centro y Sur del país se encuentran en Lima para ejercer su derecho a la protesta con la que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la Mesa Directiva del Congreso, así como justicia para las más de 40 víctimas mortales de la represión ejercida por el Gobierno.
El pasado 19 de enero, diversas organizaciones sociales, comunidades campesinas e indígenas, sindicatos y ciudadanos independientes participaron en una multitudinaria marcha en Lima para pedir adelanto de elecciones generales.
Las protestas en diversas regiones del país se iniciaron en diciembre del 2022 tras la caída del expresidente Pedro Castillo, quien fue vacado por el Congreso por un intento de golpe de Estado.
Hasta la fecha, hay 46 civiles fallecidos en protestas sociales, 1 policía asesinado por una turba y 9 civiles fallecidos por hechos relacionados a bloqueo de vías.
De acuerdo al Ministerio Público, los 17 civiles que fallecieron el último 9 de enero en la región Puno fueron víctimas de proyectiles de armas de fuego.
Cabe resaltar que en otros países como Brasil o Francia, se han llevado a cabo masivas protestas, pero el resultado ha sido detenciones, pero no muertes.
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[Foto de portada: Mininter / Flickr]
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