El Gobierno escala los niveles de violencia para mostrarse como un "mal necesario" y justificar su permanencia hasta el 2026, señaló, en La Mula TV, el exministro del Interior, Avelino Guillén.

En el programa 'Al Filo' con Javier Torres, Guillén dijo que "está claro que ellos no están de acuerdo con irse, atizan y generan más violencia".

"El principal responsable de la violencia en el país es el Poder Ejecutivo. ¿Qué necesidad, por ejemplo, tenían de este operativo brutal y salvaje en la Universidad San Marcos?, ¿para qué? Ese es un patrón de conducta que busca un objetivo político, no un objetivo judicial no un objetivo legal. Ellos sabían muy bien que esta denuncia no tiene ninguna posibilidad de éxito en el futuro, sabían que esto tenía que terminar en un archivo y en la liberación de todos los detenidos. Si sabían eso, ¿por qué lo tenían que hacer?", señaló.

En primer lugar, Guillén señaló que, con este operativo, el mensaje ha sido decirle a los ciudadanos de regiones que no son bienvenidos en Lima.

"El objetivo del Gobierno es ir escalando en los niveles de violencia porque le conviene escalar el nivel de violencia para que sea un mal necesario para supuestamente salvar al país. Y para ir escalando en los niveles de violencia, se tiene que crear un enemigo; entonces, resucitan al terrorismo, buscan un enemigo donde se despliegue toda la violencia", dijo.

Para el exministro del Interior, el gobierno de Dina Boluarte quiere "llevar al país a una situación de caos" en la que la actual gestión aparezca como los que "van a defender y cautelar la democracia en el Perú".

"Y, al no darse las condiciones para un proceso electoral, van a pretender quedarse hasta el 2026. Ese es el objetivo, esa es una gran coalición que se ha formado y que tiene un objetivo no de irse, sino de perpetuarse en el poder", señaló Guillén.

El último sábado, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para desalojar a un grupo de manifestantes de diversas regiones del país. Como resultado, solo hubo una persona detenida y 192 personas fueron criminalizadas.

El pasado 19 de enero, diversas organizaciones sociales, comunidades campesinas e indígenas, sindicatos y ciudadanos independientes participaron en una multitudinaria marcha en Lima para exigir la renuncia de la presidenta Boluarte y de la Mesa Directiva del Congreso.

Las protestas en diversas regiones del país se iniciaron en diciembre del 2022 tras la caída del expresidente Pedro Castillo, quien fue vacado por el Congreso por un intento de golpe de Estado.

Hasta la fecha, hay 46 civiles fallecidos en protestas sociales, 1 policía asesinado por una turba y 9 civiles fallecidos por hechos relacionados a bloqueo de vías.

De acuerdo al Ministerio Público, los 17 civiles que fallecieron el último 9 de enero en la región Puno fueron víctimas de proyectiles de armas de fuego.

Cabe resaltar que en otros países como Brasil o Francia, se han llevado a cabo masivas protestas, pero el resultado ha sido detenciones, pero no muertes.



[Foto de portada: Presidencia Perú / Flickr]


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