Este lunes 15 de agosto, a un año de promulgada la Ley de Producción Artesanal con Cultivo Asociativo (Ley 31312), representantes de las asociaciones de pacientes y cultivadores entregaron al Ministerio de Salud (Minsa) sus observaciones y propuestas para mejorar el acceso a cannabis, se respeten los derechos de los pacientes y se detenga la criminalización.
En la entrega del documento, participó Ana Álvarez, presidenta de la asociación Buscando Esperanza, y madre de un paciente con esclerosis tuberosa, quien ha pasado de 18 a 3 pastillas diarias gracias a la planta medicinal. En el 2017, su caso de criminalización fue motivo de propuestas legislativas, pero el fujimorismo y el aprismo rechazaron el proyecto de Clubes Cannábicos (Hernando Cevallos, 2016) que las incluía y se terminó promulgando la Ley 30681, que le dio la exclusividad de las licencias a la industria farmacéutica.
Con ello, las asociaciones de pacientes y productores artesanales quedaron expuestos a denuncias penales y procesos judiciales. Dejando la carta en el Minsa, también estuvo Sergio Castañeda, cultivador de 'El Jardín de María José'. El pasado 5 de agosto, la Policía se llevó detenidas a dos pacientes de esta asociación y decomisó las plantas y materia prima destinadas a más de 20 pacientes.
A pesar de estar en Registros Públicos, tener a todos sus pacientes con receta médica e inscritos en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis (RENPUC), las pacientes de esta asociación permanecen detenidas en la DEPINCRI San Miguel, ya que la Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Decreto Ley 22095) y la Política Nacional Contra las Drogas (DEVIDA) siguen considerando a cannabis como un "problema de salud pública" y una "droga ilegal". Además, la Ley 31312, que se supone las iba a beneficiar, al final se ha convertido en una peligrosa trampa: quien no tenga licencia podría ser denunciado penalmente.
Ayde Farfán, presidenta de la asociación Mi Esperanza Brota de la Tierra, conoce de cerca esta situación, ya que su colectivo también ha sido víctima de criminalización solo por el hecho de cultivar una planta medicinal. Por ello, en la carta que dejaron en el Minsa, resaltaron la urgencia de retirar las amenazas de denuncias penales contra personas por cultivar y la necesidad de autorizaciones excepcionales para que las asociaciones puedan beneficiar a ese 70% de pacientes registrados en RENPUC que se abastece por vías inseguras.
Las asociaciones de pacientes y cultivadores esperan que el viceministro de Salud Pública, Joel Candia, cumpla su palabra de reactivar el proceso participativo que inició el exministro Hernando Cevallos, pero que se interrumpió tras su salida del Minsa. En ese sentido, los colectivos recuerdan que el texto del proyecto de Reglamento de Cultivo Asociativo, que se publicó en mayo pasado, se terminó de redactar en enero pasado y estaba pendiente de revisión, pero los cambios ministeriales afectaron el proceso de participación ciudadana. En ese sentido, piden la presencia del Ministerio del Interior (Mininter) en la reunión que se llevaría a cabo este jueves 18 de agosto. Para ese día, las organizaciones cannábicas han convocado a una reunión en los exteriores del Minsa (Jesús María, Lima).
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[Foto de portada: Asociación Buscando Esperanza]
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