En su Mensaje Presidencial, el presidente Pedro Castillo dijo que su gobierno había aprobado la continuidad de cerca de 60,000 trabajadores de la salud pública; sin embargo, fue él mismo quien observó la autógrafa de la ley que había aprobado el Congreso para que este personal, contratado bajo el régimen laboral especial Cas Covid, pase al régimen CAS regular.

Por ello, al día siguiente, el Congreso de la República convocó a una sesión extraordinaria. Ayer sábado 30 de julio, se promulgó, por insistencia, la Ley 31539, cuyo objetivo es "autorizar, excepcionalmente y por única vez, en el marco de la emergencia sanitaria producida por el covid-19, el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial y administrativo en el sector salud, con la finalidad de uniformizar las condiciones laborales como forma de garantizar el derecho al trabajo en igualdad de condiciones".

Finalmente, ha sido el Legislativo el que ha permitido la continuidad de miles de trabajadores de la salud pública, que, en la situación actual, pueden reforzar al sector salud en beneficio de los pacientes. Al respecto, el congresista Wilson Quispe Mamani (PL), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto durante el periodo 2021-2022, señaló que es necesario asegurar la provisión de la prestación de servicios del personal contratado bajo el Decreto Legislativo 1057.

Señaló que “sería injusto e innecesario sacarlos del servicio público para que concursen con otros que tal vez no ayudaron a superar la pandemia, sobre todo cuando ya tienen más de dos años desempeñando dicha función y existe, a la vez, la necesidad de (contar con) profesionales (como ellos)”.

foto: congreso de la república

Ante ello, desde el Ejecutivo, solo les queda acatar la norma que antes habían rechazado. Este domingo, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó a las Unidades Ejecutoras que realicen las acciones correspondientes para que los nuevos contratos se ajusten al presupuesto autorizado por la Ley que aprobó los créditos suplementarios para el financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria producida por la covid. 

"Para los meses de agosto y setiembre del presente año, las entidades se encuentran exoneradas del Artículo 8 del Decreto Legislativo 1057", señaló el Minsa en un comunicado.
"Para los meses de octubre a diciembre, el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución Ministerial aprobarán los requisitos, condiciones y otras especificaciones necesarias pra el procedimiento de contratación", precisó el Minsa.

Como se recuerda, el pasado 30 de junio, el Congreso de la República aprobó la ley que autorizaba el cambio de contrato CAS-Covid a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud en base a los proyectos de ley 2204, 2328, 2371 y 2439. Sin embargo, el 27 de julio, el presidente de la República observó la autógrafa de la ley por la “afectación al principio de coherencia normativa” y la presunta vulneración de “los principios constitucionales presupuestarios".

Sorprendentemente, en su Mensaje Presidencial, Castillo mintió al país diciendo que había aprobado la contunidad de los cerca de los 60,000 trabajadores afectados por su negativa a aprobar dicha norma.

[Foto de portada: Andina]


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