El proyecto de ley que busca controlar la filtración de información sobre casos judiciales estaría criminalizando la lucha contra la corrupción, señaló, este jueves, la abogada Cruz Silva del Carpio en La Mula TV.
La coordinadora del Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC) advirtió que este proyecto no está considerando lo que esta prohibición significa para los derechos a la libertad y al acceso a la información sobre temas de interés público.
En el programa 'Al Filo', Silva del Carpio señaló que esto sería más grave cuando se trate de casos de violaciones a los derechos humanos o corrupción.
Para la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), esta sería una medida desproporcionada que terminaría violando la libertad de acceso a la información. Además, señaló, esta medida afectaría la libertad de prensa e incluso la libertad de opinar, ya que no habría hecho objetivo sobre el cual comentar.
De igual manera, se estaría afectando a la lucha contra la corrupción.
"Nosotros sabemos aquí que grandes casos de corrupción no han podido ser visibles, sino por el trabajo importante de algunos contados y honestos funcionarios públicos, sino también por la labor de los medios de comunicación. Penalizar la actividad investigativa, donde quizás algunas de las herramientas haya sido el llegar a la información por x medios, es criminalizar la lucha contra la corrupción. Además, se penaliza indirectamente a quienes podrían estar y están bajo la protección del estándar de un denunciante de corrupción. ¿Qué pasa si un denunciante de corrupción es un integrante de una institución y es un funcionario? La ley le da mayores garantías a ese denunciante de corrupción que está dentro de la institución e incluso obliga a que no sean despedidos de su trabajo, al ser identificados como los denunciantes de la corrupción interna", dijo la abogada del IDL en entrevista con Javier Torres.
Para Silva del Carpio, lo que se debería penalizar son las actividades que resulten perjudiciales para la actividad fiscal. Por ejemplo, mencionó, ahora que se está buscando al exministro Silva, la filtración de la información de su ubicación sin que se haya compartido esto a la Fiscalía sería algo sancionable, pero no censurable.
"Tendría que acarrear responsabilidades por haber interferido en la actividad fiscal. Pero, por lo general, esto no es lo que acontece en otro tipo de informaciones que han podido emitirse. Entonces, por todos los lados esta intención tiene un claro objetivo de impunidad y sobre todo es un peligroso indicio de darse la manito desde el Congreso para un escenario, donde hay investigaciones, que relacionan a actores políticos y actores económicos", dijo.
Por ello, la abogada del IDL calificó a esta propuesta como "ilegal e inconstitucional por todos lados".
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