En un contexto en el que se critica al gobierno del presidente Pedro Castillo por proponer la desmilitarización progresiva del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y comprar hojas de coca a los agricultores, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón Garrido, se presentó, este martes, en la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso.
En su presentación, Soberón explicó la política y estrategias en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. De acuerdo a la Política Nacional Contra las Drogas (PNCD) al 2030, aprobada en marzo pasado, el Perú tiene, por primera vez en su historia, un marco de acción estatal para controlar las actividades asociadas al tráfico ilícito y al abuso de sustancias.
En ese sentido, el jefe de Devida resaltó el Pacto Social Ciudadano (PSC), el cual consiste en un compromiso entre el Estado y la sociedad civil de la región andino-amazónica, focalizado en los pueblos indígenas u originarios. Su objetivo, señaló, es reducir en forma sostenible y focalizada los cultivos de coca para fines ilícitos y contribuir al desarrollo integral y sostenible.
Para julio del 2023, se espera reducir 1,000 hectáreas de cultivos de coca para fines ilícitos de manera gradual y voluntaria.
“Este pacto una propuesta que nace desde los mismos cimientos de nuestra democracia, la relación que tiene el Estado con la sociedad rural de la selva alta, de la amazonia del Perú. Durante 30 años se les dijo que es lo se tiene que hacer, el ejercicio de sus derechos sometidos a organismos públicos y no han tenido participación política”, dijo el titular de Devida.
“Por eso, nosotros consideramos que, para poder reducir de manera sostenida la subordinación al narcotráfico, tenemos suscribir un pacto, entendido como un proceso de diálogo. Es una forma de cómo nos vamos a tratar, sea a través de Devida, o de cualquier entidad del Estado con las organizaciones”, agregó.
Además, este pacto social procurará el cambio de régimen de control de la producción, acopio, industrialización y comercialización de la hoja de coca en Perú.
Respecto a la situación en el Vraem, Soberón señaló que no es un problema, sino que es una posibilidad en la que deben trabajar en conjunto todas las fuerzas del Estado peruano para resolver los problemas en dicha zona.
Para Devida es clave, estratégico y de largo plazo, pensar en proteger la Amazonía y simultáneamente desarrollar actividades productivas que no atenten de forma irreversible contra su sostenibilidad, señaló el jefe de Devida.
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¿Apuesta peligrosa?
La semana pasada, en conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que el gobierno planea comprar toda la cosecha nacional de hojas de coca y crear un nuevo padrón de productores. Este plan también contempla la desmilitarización progresiva del Vraem y el traslado de estas fuerzas armadas a Madre de Dios para combatir la minería ilegal.
"Es indispensable, al menos durante un año, comprar la hoja de coca a los actuales productores empadronados y a los que defina el nuevo padrón a construir", dijo Torres el pasado 28 de abril.
Para Rubén Vargas, exjefe de Devida, "el mensaje que está dando el gobierno es que está legalizando la hoja de coca y que va a comprar la hoja de coca ilegal".
"El mensaje es 'siembre coca', y es muy peligroso porque estamos hablando de una materia prima utilizada por el narcotráfico", dijo Vargas a AFP.
Sin embargo, como hemos explicado anteriormente, la Sección II del Código Penal se titula "tráfico ilícito de drogas". Según el abogado penalista, el Doctor Víctor Prado Saldarriaga, "los actos de fabricación o tráfico para promover, favorecer o facilitar el consumo propio carecen de trascendencia penal". Por ello, el solo hecho de cultivar coca, por ejemplo, no constituye un delito, sino que tiene que probarse que ese cultivo estaba destinado a producir cocaína, sustancia ilegal en el país.
Además, se debe considerar que la hoja de coca se produce y consume desde el periodo pre-colombino y actualmente se sigue usando para fines ceremoniales, tradicionales, industriales y farmacéuticos, como explica Devida.
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Cifras
Desde noviembre del 2021 hasta la fecha, Devida ha invertido un total de 107 millones 386 mil 588 soles en actividades y proyectos que permiten avanzar en la lucha contra las drogas e impulsan el desarrollo alternativo beneficiando a un total de 39,636 familias en todos los ámbitos de intervención.
En el marco de la implementación de la Política Nacional Contra las Drogas al 2030 y el Pacto Social Ciudadano, Devida ha desembolsado S/ 49 799 276.14 a 38 gobiernos locales para las actividades y proyectos de desarrollo alternativo. Se invirtieron S/ 57 587 315 mediante ejecución directa.
Se ha brindado asistencia técnica a 37 291.89 hectáreas de cultivos alternativos lícitos, 484 unidades apícolas, 1,498 unidades acuícolas, fueron mejorados 275.56 kilómetros de caminos vecinales.
A la fecha, el Proyecto Especial CORAH del Ministerio del Interior reportó un total de 4,814.07 hectáreas de cultivos ilícitos de coca erradicadas. Desde febrero de 2022 a la fecha, el CORAH ejecuta labores de erradicación de cultivos ilícitos de coca en los ejes operacionales de Aguaytía (Huánuco y Ucayali), San Gabán (Puno), y Tingo María (Huánuco).
Producción terminada incautada
La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO) reportó que, para el periodo del 1 de enero al 22 de abril de este año, ha decomisado un total 3,725.80 kg de pasta básica de cocaína (PBC), 4,442.34 kg de clorhidrato de cocaína y un total de 2,828.21 kg de cannabis sativa (marihuana). Además, incautó un total de 177,861.37 kg de insumos químicos y productos fiscalizados (IQPF), y un total de 368,975.05 kg de insumos no fiscalizados.
[Foto de portada: Devida]
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