La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para investigar las denuncias constitucionales contra el expresidente Manuel Merino, el extitular del gabinete ministerial Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez.

Con 16 votos a favor, la comisión aprobó este plazo para revisar la denuncia constitucional 132 formulada por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el exjefe de Estado y ministros por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones sufridas por 78 personas en las movilizaciones de noviembre del 2020. A los implicados se les acusa por el presunto delito de homicidio por omisión impropia.

Los congresistas que se opusieron a darle este plazo al grupo de trabajo fueron Hernando Guerra García, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Héctor Ventura (Fuerza Popular) y Pedro Martínez (Acción Popular). El resto de congresistas de la bancada de 'La lampa' decidieron abstenerse a la votación, al igual que Renovación Popular.

El último 10 de diciembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia contra Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez. Durante dicha sesión de este grupo especial, hubo intentos de blindaje por parte de parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular.

Otras denuncias

Con 27 votos a favor, la comisión aprobó investigar la denuncia constitucional 75 formulada por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el exjuez Supremo César Hinostroza por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y patrocinio ilegal.

Asimismo, con 28 votos a favor, la comisión aprobó investigar la denuncia constitucional 201, formulada por la congresista de la República, Patricia Chirinos, contra el exministro de Defensa, Walter Ayala, por la presunta comisión de los delitos de coacción y patrocinio ilegal y presunta infracción al artículo 39 de la Constitución.

Finalmente, se designó con 28 votos a favor a la congresista María Taipe Coronado (PL) como integrante de la subcomisión acusadora que se encargará de sustentar el informe final sobre la denuncia constitucional 136 (antes 290) contra el expresidente Martín Vizcarra, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones.

Se concluye que el expresidente ha cometido infracción constitucional al artículo 126, en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas. Además, se propone la sanción de inhabilitación del Martín Alberto Vizcarra Cornejo para el ejercicio de la función pública por cinco (5) años.

(Foto: Andina)

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